Si bien hubo avances en varios diálogos en el pasado y presente, prácticamente se mantienen los mismos problemas que a juicio de expertos entrevistados se hacen cíclicos. Actualmente, los temas conflictivos son los incidentes causados por la aversión a la minería y la instalación de hidroeléctricas.

No es permanente

La actual Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo sufrió una reforma en abril último, que modificó el acuerdo gubernativo 84-2009, con lo que se suprimió la palabra “Permanente” al final del nombre, un cambio sutil pero significativo en el contexto de los cuestionamientos al gobierno del Partido Patriota por imponer estados de Excepción antes de agotar el diálogo.

El coordinador del Sistema, Miguel Ángel Balcárcel, explica que se impulsan “procesos” y en este gobierno trata con 40 conflictos, entre los que resaltan la reforma magisterial, las demandas de los 48 Cantones de Totonicapán y, ahora, Santa María Xalapán, Jalapa, y la minera San Rafael, Santa Rosa.

La comisión busca contar con presupuesto propio y generar resultados, pero las circunstancias son adversas, pues al no ser permanente se acude a ella solo al estallar la crisis.

“Tienen la concepción como que el sistema fuera un cuartel de bomberos, donde pegan la llamada y gritos, hay una toma —de carreteras— y ahí está el sistema. La institución no está diseñada para eso. El sistema no está diseñado como que fuera una Procuraduría de los Derechos Humanos o una defensoría del consumidor, y que cualquier caso que aparece, ese caso lleva”, comenta Balcárcel.

Afirma que no se pueden determinar “porcentajes” de avance en cada caso, pero enumera algunos que se han resuelto y otros que siguen su curso.

“Hay casos, como el de los enfermos renales y la Fundación Amor, que llevé en forma personal, y se logró la firma de acuerdos. El caso entre Enel y San Juan Cotzal, Quiché, también terminó en acuerdo”, dice.

Balcárcel indica que hay asuntos que la Presidencia le ordena seguir al sistema.

Reconoce que algunos que siguen en proceso —sin resolver— son los de la reforma magisterial, un punto de los 48 Cantones y el del proyecto minero El Tambor, San José del Golfo, pues hay intransigencia de los sectores.

En este último aún no se establece un proceso de diálogo, sino “de acercamiento, para ver si es posible que se genere un espacio de diálogo”.

“En muchos temas, ese es el rol que se juega —mediadores—. La credibilidad estatal no está bien fundamentada o la gente no cree en las instituciones, entonces cuando nosotros intervenimos es porque las partes nos lo piden”, resalta Balcárcel.

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Antecedentes

Vinicio Cerezo, presidente de 1986 a 1991, creó el mecanismo denominado “concertación social”, con el fin de promover cambios en la Constitución sobre políticas tributarias, a lo que se opuso el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

La instancia no prosperó porque el Ejército no aceptó dialogar entonces, pues grupos guerrilleros pedían al Estado eliminar los “aparatos represivos”, ya que con la “concertación” surgieron los primeros intentos de iniciar el proceso de paz.

No obstante la poca repercusión de lograr acuerdos concretos hacia la paz, se proyectaron los acuerdos de Esquipulas.

En el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993) se creó el llamado Foro Multisectorial Social, que buscaba cambios en la Constitución, pero el Ejército no aceptó las condiciones para negociar.

La administración de Álvaro Arzú (1996-2000) impulsó los Encuentros de Actualización para informar sobre los acuerdos de paz suscritos en ese gobierno en 1996, pero el desconocimiento de la población fue mayor, y sectores decidieron alejarse al criticar la privatización de empresas estatales.

El Pacto Fiscal y Mesas de Diálogo Intersectorial fueron la apuesta del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Alfonso Portillo (2000-2004). El enfrentamiento permanente entre Portillo y el sector privado evitó cualquier acuerdo.

Con Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (Gana) —2004-2008— la polaridad se invirtió, pues los sectores campesinos e indígenas se mostraron escépticos al Diálogo Nacional y Plan Visión de País convocado por el Ejecutivo, por considerar que el gobierno obedecía a intereses del empresariado.

Álvaro Colom fundó la actual Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, con el acuerdo gubernativo 84-2009, que aún es objeto de reformas. El punto de discrepancia fue una propuesta de reforma fiscal que tuvo varias versiones y se crearon varias mesas para intentar convencer al sector privado, lo cual no ocurrió.

Ahora, el gobierno de Otto Pérez Molina tiene el reto de superar los obstáculos generados por el choque de intereses comunales o sectoriales, inversiones locales o extranjeras y acción de las fuerzas de seguridad.

Debilidades

La exdiputada Catalina Soberanis, que dirigió el sistema durante el gobierno de Colom, resalta la necesidad de mantener un mecanismo de diálogo sin importar el nombre. “Lo importante es que no veamos solo los mecanismos, sino lo que subyace en la conflictividad”, comenta.

La exfuncionaria del PAN Arabella Castro, que presidió el Congreso, expresa que los sistemas de diálogo no han evolucionado y no han dado resultados en el país, porque se han quedado en “grandes discusiones”.

Héctor Rosada, negociador de los acuerdos de paz, afirma que la constante es que las administraciones establecen mecanismos para tratar de amortiguar la protesta, pero no están dispuestos a cambiar el sistema.

“La institucionalidad es muy precaria”

Miguel Ángel Balcárcel, coordinador de la Comisión Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo, comenta que la “orden presidencial” es fortalecer esa instancia con una mayor institucionalidad, e incluso presupuesto propio para el próximo año.

“En el fondo, la institucionalidad es muy precaria. El acuerdo gubernativo de este año, que le quitó el adjetivo ‘permanente’ no es el definitivo, sino que se hizo porque ya vencía el plazo de vida de la Comisión, y se le dio un año más”, afirma el funcionario.

Agregó que la demora se debe a la tramitología en el Ministerio de Finanzas y en la Oficina Nacional de Servicio Civil para la aprobación de la nueva estructura que tendría el sistema para poder también más adelante contratar personal y fortalecer la instancia.

El objetivo es funcionar como una nueva institución e instrumento gerencial de la Presidencia, y podría comenzar con un presupuesto de Q15 millones.

“En unos meses estará el acuerdo gubernativo que institucionalice el instrumento, con las posibilidades de una unidad ejecutora de la Presidencia”, expresó.

“Estudiamos si sería un ministerio o secretaría, pero la figura no es la adecuada, por eso todavía estamos desarrollando la iniciativa, pero seguro es este año”, añade Balcárcel.

El sistema también ha impulsado capacitación a escala local, con gobernadores y alcaldes, para que puedan ser capaces de atender demandas en sus propios departamentos y municipios, y no tener que recurrir siempre a la capital.

“El problema que tenemos es que la conflictividad del punto territorial va enchufada a la Presidencia. Eso es cultural;  esperan que el presidente les resuelva todo, pero hay que ponerle fusibles, y son los gobiernos locales, sobre todo el departamental”, precisó el coordinador de la Comisión Presidencial.

Según el acuerdo 166-2013, la Comisión dejó de ser integrada solo por un coordinador y un equipo técnico.

Desde marzo, la integran los ministros de Finanzas y de Gobernación; los secretarios de Asuntos Agrarios, Coordinación Ejecutiva, y de Planificación y Programación, y el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

El coordinador es Balcárcel, pero sus honorarios por ese trabajo y por asesorar al presidente Otto Pérez Molina en materia de diálogo los recibe del Programa de Fortalecimiento de la Presidencia, que financia Naciones Unidas desde la administración de Óscar   Berger.

“No hay diálogo político”

Catalina Soberanis, negociadora en el gobierno anterior, afirma que ahora no hay diálogo político.

“Lo que está subyaciendo en la actual conflictividad es la falta de diálogo político. Hay muchos conflictos, hay muchos espacios de diálogo, pero el diálogo político que tiene que conducirse en un régimen democrático,  en este momento no se ha logrado”, indica.

Soberanis agrega: “Se ha descuidado la función política del diálogo y   se debería  reflexionar más   en las instancias del Estado en su conjunto”.

 “Nos cuesta escuchar”

“No sabemos escuchar, nos cuesta muchísimo escuchar, nos cuesta muchísimo ceder”, opina Arabella Castro, exfuncionaria del PAN.

Además, asegura tener “muchas esperanzas” en el Consejo Económico Social, por estar representados de manera permanente los sectores “más influyentes”  —sindical, empresarial y cooperativo—.

“Siempre he dicho que la mejor escuela para aprender a escuchar es el Congreso, pero uno tiene que  sentarse con el corazón limpio para poder escuchar”, considera Castro.

Toma de decisiones

Para Héctor Rosada, negociador de los acuerdos de Paz, la población está “acostumbrada históricamente” a hablar con el presidente, porque es quien  puede tomar decisiones.

“Buscan al que puede tomar una decisión, pero si les mandan intermediarios que no están capacitados a tomar decisiones, la cosa sigue girando. Seguimos masticando el mismo chicle que ya no tiene sabor”.

Agrega: “¿Por qué bloquean carreteras? Para que los oigan, para que los tomen en cuenta, y ¿qué es lo que reciben? Agresiones, violencia, y no entendimientos”.