Aseguraron además que los cambios que tuvo la Constitución en 1994 fueron “terribles” y que no debieron haberse realizado porque la mayoría eran innecesarios

El texto constitucional fue creado por un grupo de 88 diputados que fueron electos para formar la Asamblea Nacional Constituyente, quienes entregaron la Carta Magna al pueblo guatemalteco el 31 de mayo de 1985, pero el 30 de enero de 1994 se efectuó la primera consulta popular y con ello la primera y única vez que se reformó la Constitución.

El 16 de mayo de 1996 hubo otro intento de enmendar la Carta Magna, pero en esa ocasión hubo un gran abstencionismo al llamado al voto e imperó una negativa generalizada a un pliego de más de 50 modificaciones.

El presidente Otto Pérez Molina impulsó al inicio de su gestión una campaña para reformar la Constitución, la cual no encontró eco entre diversos sectores del país.

El tema se revivió en mayo último, cuando el mandatario declaró que consideraba “sano” que se iniciara un debate para trabajar una iniciativa que modifique la Constitución y prolongue el período presidencial de cuatro a seis años. Sus declaraciones fueron rechazadas y criticadas por constitucionalistas y diferentes sectores.

Ignorancia

Aída Cecilia Mejía, una de las tres mujeres integrantes de la Asamblea y quien participó por la Democracia Cristina Guatemalteca (DCG) y además fue la sexta secretaria de la junta directiva de la Constituyente, expuso que “no es el momento para hacer cambios a la Constitución” y que el gran problema es que los guatemaltecos no conocen lo que dice el texto de la Carta Magna.

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“Todo el mundo quiere interpretar la Constitución a su manera, pero la vedad es que fue hecha para que se cumpla”, aseveró Mejía.

Osberto Moisés Orozco, exconstituyente que representó a la Unión del Centro Nacional (UCN), afirmó que “mientras la gente no entienda su Constitución, ningún momento será bueno para hacerle cambios, porque sería improcedente reformar algo que no entienden y el pueblo saldría perdiendo”.

Juan César García, quien representó al Movimiento de Liberación Nacional (MLN) hace 30 años, refirió que “antes de pensar en realizar algún cambio a la Constitución Política hay que aprender a cumplir con lo que dice”.

“Los dignatarios deberían poner el ejemplo al respecto, pero lastimosamente a veces son los primeros en hacer actos que la violan”, indicó García.

Víctor Hugo Godoy, exconstituyente y exdiputado del Partido Revolucionario (PR), afirmó que “hay temor de la población”. Aunque dijo que habría que hacer algunos cambios, se teme que “por un pequeño cambio se avance y se cambie lo poco que nos queda”.

Cambios innecesarios

En general los exconstituyentes rechazan los cambios que tuvo el texto constitucional en 1994, y los califican de “innecesarios” y “terribles”.

Entre las modificaciones aprobadas en esa ocasión destacan que se prohibió al Banco de Guatemala financiar al Ministerio de Finanzas y al Gobierno en general, y se cambió el sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema (CSJ) y del contralor general de la Nación y el sistema de nombramiento por parte del presidente del procurador de la Nación y el fiscal general.

Guillermo Pellecer Robles, quien llegó a la Asamblea por el Partido Institucional Democrático (PID), refirió que “esas reformas no fueron lo suficientemente discutidas”.

“Son reformas pésimas, responden a intereses políticos y no de Nación, fueron de momento”, aseguró Pellecer Robles.

Aquiles Faillace, quien fue diputado constituyente del PR, calificó los cambios a la Constitución de “terribles”.

“Creó el problema que muchos discuten de que cuatro años es muy poco tiempo para gobernar y además originó la dependencia del sistema financiero nacional. Estas reformas simplemente fueron malas”, declaró Faillace.

Historia

Hace 30 años exactos los ciudadanos aptos para emitir el voto fueron convocados a las urnas para elegir a los diputados que se encargarían de crear una nueva Constitución Política y con ello sentar las bases para que más adelante se iniciara el período democrático ininterrumpido más largo en la historia del país.

En la década de 1980, Guatemala afrontaba inestabilidad en su institucionalidad. El 23 de marzo de 1982 se dio golpe de Estado al presidente Romeo Lucas García y llegó al poder Efraín Ríos Montt. Menos de dos años después, el 8 de agosto de 1983 hubo otro golpe de Estado, encabezado por Óscar Humberto Mejía Víctores.

Durante el mandato de Mejía Víctores se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente a la que se le delegó la tarea de elaborar un nuevo texto constitucional y con ello derogar la Carta Magna de 1965.

Además también se le encargó crear la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Según el exconstituyente Carlos Molina Mencos, quien participó por la Central Auténtica Nacionalista (CAN), en el momento de esa votación el país atravesaba “tiempos convulsionados”. Se encontraba herido por un conflicto interno y “la población buscaba tener al fin un ordenamiento legal”.

Con todo, el 1 de julio de 1984, el 78.11 por ciento de la población apta para emitir sufragio acudió a las urnas, porcentaje que “es considerado como una clara señal de que el pueblo quería poner fin a un período de desequilibrio”, afirmó el exconstituyente.

Consenso

A pesar de las diferencias, prevaleció el bien común

Según consta en los archivos del Congreso, desde que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente hasta que entregó la Constitución, esta tuvo tres sesiones preparatorias y 85  plenarias, además de las celebradas en las comisiones de trabajo.

Juan César García, quien representó al MLN, refirió que lo que más costó consensuar fue el artículo 39, que trata sobre la propiedad privada.  “Un grupo peleaba para que se pusiera en función social, y nosotros considerábamos que esta es inherente a la persona humana. Al final se lograron consensos”, recordó García, quien afirmó que las fuerzas mayoritarias     buscaron el consenso auxiliándose de los que tenían menos representación.

Osberto Moisés Orozco, quien representó a la UCN, expuso que aunque el discutido artículo fue “muy severo, tiene su salida en el 44, que indica que el interés social prevalece sobre el particular”. “Después de todo el trabajo, lo fundamental en la Constitución es que tiene principios, valores, esencia, finalidad y metodología. Es decir, es un contrato social”, afirmó.

Aída Cecilia Mejía, quien participó por la DCG, explicó que, a pesar de que había corrientes ideológicas fuertes, “desde el inicio los integrantes de la Constituyente dimos muestras de que realmente queríamos una apertura democrática y que íbamos a trabajar por el país”.

“En ese tiempo no había mucha participación de las mujeres, pero nunca hubo discriminación y siempre nos escucharon, y prueba de ello es el artículo 4 de la Constitución —referente a la libertad e igualdad entre los ciudadanos—, que fue una idea de las únicas tres mujeres en la Constituyente”, aseguró Mejía.

Aquiles Faillace, quien fue diputado del PR, tomó posesión cuando tenía 27 años. “No había posibilidades de participación ciudadana; la única forma de cambiarlo era participar”, dijo.

Los constituyentes concluyen en que la Constitución  es “buena” y contiene artículos inteligentes y una visión futurista para un pueblo que iniciaba un proceso de democracia, y como prueba mencionaron la creación de entes como la Procuraduría de los Derechos Humanos  y la Corte de Constitucionalidad.

85 Hombres integraron la Asamblea Constituyente

3 Mujeres fueron parte de la Asamblea Constituyente.