Expertos consultados citan, por ejemplo, el caso de normativas legales que son evadidas, no tienen quién verifique su cumplimiento y por cuya transgresión no hay consecuencias. El ejemplo más reciente lo representan las modificaciones a la Ley de Tránsito para regular a los motociclistas, que suscita resistencia y a la vez no es aplicada con rigor por las policías de Tránsito. En esa misma situación están la Ley de Perros Peligrosos; la Ley Electoral, que prohíbe la campaña anticipada, así como la normativa que no permite el uso de capuchas en manifestaciones.

En otras palabras, la impunidad también forma parte de la fragilidad actual del Estado, que a su vez se ve imposibilitado en sus capacidades para reducir la desigualdad social evidenciada en los altos niveles de pobreza.

Christians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), asegura que muchos de las dificultades que arrastra el país se deben a la “ausencia de una visión estratégica”, desde hace décadas, pues se evidencia “un Estado que no sabe para dónde va y que carece de un modelo de desarrollo”.

A su vez, resalta que la debilidad estatal es el reflejo de una sociedad inequitativa y excluyente.

La postura de Castillo es respaldada por estudios del Banco Mundial (BM) que posicionan a Guatemala como el país más desigual de América Latina.

Según el estudio “Desigualdad en América Latina, ¿rompiendo con la historia?”, publicado este año, en Guatemala el 5 por ciento de personas concentran más riqueza que el 63 por ciento más pobre.

Un estudio reciente publicado por la organización Americas Society/Council of the Americas, en julio último, titulado “Índice de Inclusión Social 2013”, sitúa a Guatemala en el último lugar de 16 países evaluados.

Este abarca 10 variables, entre ellas los derechos de la mujer, participación ciudadana por etnia y género, la población con acceso a una vivienda adecuada, la capacidad de respuesta del Gobierno y el acceso a un empleo formal, entre otros aspectos.

El país obtuvo una calificación de 14.8 puntos, bastante alejado de Honduras y Paraguay, situados en penúltimo y antepenúltimo lugares, con 23 y 27.9 puntos, respectivamente.

El país menos desigual según el análisis es Uruguay, que obtuvo una puntuación de 75.5, seguido de Chile y Estados Unidos, con 68.4 y 64.6 puntos, respectivamente.

Según la investigación, el producto interno bruto de la Nación creció en promedio solamente 3.49 durante la última década. “Desafortunadamente el país es todavía el que menos invierte en programas sociales en la región. Muy pocos guatemaltecos tienen acceso a empleo formal y el país se ha quedado atrás en materia de derechos de la mujer”, indica el estudio.

La reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, presentada el 30 de septiembre último, da cuenta de que el 69.2 por ciento de la población está en la economía informal. Es decir que no tributa, aunque muy probablemente utilice o demande servicios provistos por el Estado, según refiere.

Impunidad

Aunque es difícil medir los índices de la falta de castigo a los delitos, debido al subregistro de denuncias en determinados tipos penales, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, y Francisco Dall’Anese, extitular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, aseguraron en agosto último que la impunidad se había reducido casi 25 por ciento en los últimos seis años y que ahora se fijaba en 70 por ciento.

No obstante, de enero del 2012 a la fecha solo en delitos contra la vida se reportan 10 mil 721 casos, según reportes del Ministerio Público (MP).

En el mismo período, el MP ha presentado por estos delitos mil 734 acusaciones en los juzgados correspondientes.

El Organismo Judicial (OJ) reporta hasta el tercer trimestre del año en curso mil 800 sentencias, entre condenatorias y absolutorias —también se incluyen tipos penales en los que la persona no muere—, la mayoría de las cuales corresponden a hechos ocurridos dos o tres años atrás, por lo que la cifra entre sentencias es apenas de una sexta parte de los casos que se reportan a escala nacional.

Anabella Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, refiere que un factor que juega contra el sector justicia y que le impide ser más eficiente es la falta de recursos. “El índice poblacional ha crecido, los problemas, conflictos y delitos también se han incrementado. Sin embargo, las instituciones del sector justicia no han tenido un crecimiento proporcional a esos conflictos. Lamentablemente el presupuesto que se asigna no permite que se cuente con suficientes órganos jurisdiccionales para atender de manera pronta los casos que ingresan”, explica.

Sin consenso

Las instituciones llamadas a crear y manejar un plan de nación que fortalezca al Estado, por medio de diversos gobiernos, son los partidos políticos, pero históricamente estos se limitan a intentar cumplir sus planes de gobierno, sin continuidad.

Prueba de ello es la Agenda Nacional Compartida, firmada en el 2003 por 20 organizaciones políticas, incluidas las que han hecho gobierno en la última década. La mayoría de los compromisos asumidos allí se han quedado en letras muertas, empezando por la reforma del sistema político, el talón de Aquiles del Estado guatemalteco.

Incumplimiento

Débil legislación

“Hecha la ley, hecha la trampa”, reza un viejo adagio, aplicable a la legislación nacional.  Propaganda política anticipada,  normativas en seguridad ciudadana, como la ley de motocicletas, son  normas que en el país no se cumplen.

“No se trata de un problema de legislación, más bien tenemos una sobrelegislación, y el problema es que no puede hacerse cumplir la ley.  La norma que no  puede hacerse cumplir no debe existir,  porque solo  incita a otros a que no la cumplan. Los ciudadanos tenemos que tener conciencia del respeto a la ley, pero eso se logra solo con el temor al castigo”, indica Hugo Maúl, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Despilfarro

Corrupción elevada

El Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por el Banco Mundial, que califica a los países según el grado de corrupción que se percibe  entre los funcionarios y políticos, sitúa a Guatemala en el puesto 113 de 176 naciones evaluadas.

Los resultados reflejan que la corrupción “es tanto una causa de pobreza como un impedimento para la lucha contra ella”. El índice utiliza como referencia el abuso del servicio público para  el beneficio particular,  como por ejemplo sobornos o pagos irregulares en las contrataciones públicas, así como malversación de los recursos del Estado.

Ausencia

El Estado no está

La presencia del Estado es débil en regiones fronterizas o departamentos extensos.

Así también la ausencia estatal es evidente cuando no hay quién corrija situaciones como los ríos desviados para regar tierras privadas, lo cual deja sin el líquido vital  a comunidades enteras.   

La escasa o ninguna  presencia de las autoridades para hacer cumplir las leyes en materia ambiental es otro factor  que debilita al Estado, según los consultados. “Falta voluntad política, porque el poder político se subordina al poder económico”, asegura Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social.

Servicio Civil

Politización en puestos

La Ley de Servicio Civil,  con 45 años de vigencia y que regula lo relacionado con  la burocracia en el Organismo Ejecutivo, es una de las tantas normas que requieren ser modificadas en su totalidad. Pese a que se han presentado algunas iniciativas  para modernizar la Ley, no han prosperado.

Según cifras de la Oficina Nacional de Servicio Civil,  las personas  que laboran para el Ejecutivo suman 278 mil 840. Una de las críticas que hay ante la contratación de servidores públicos es la proliferación de los contratos temporales 029, ya que se suelen dar sin que los aspirantes al cargo pasen por un proceso serio de selección.

Sin seguimiento

Planes sin continuidad

Cada cuatro años, con la llegada de la nueva administración, se desmoronan todas aquellas políticas públicas que los gobernantes salientes impulsaron.

“Realmente hablamos de un desorden, de un debilitamiento sistemático, que se ha dado desde 1985 a la fecha. Cada gobierno ensaya las modalidades a escala  institucional, crea, desaparece, fusiona diferentes instituciones para fines específicos, pero en su conjunto no logran ser armonizadas. Hay una ausencia específica de mecanismos institucionales de coordinación para la generación de políticas públicas”, refiere el politólogo Luis Fernando Mack.

Reforma

Demagogia de partidos

La falta de ideología y la debilidad partidaria causan que cada cuatro años los guatemaltecos acudan a votar por ofrecimientos alejados de la realidad. “Los partidos nos ofrecen una serie de soluciones mágicas sin un debate serio”, dice el politólogo Luis Fernando Mack.

“El debilitamiento de los partidos políticos tiene que ver con el debilitamiento financiero, pues dependen de los financistas, que ven la política y el llegar a un puesto público como un botín. Por eso hace falta modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para evitar estas malas prácticas”, expresa Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala.

Pobreza

Desigualdad histórica

Estudios recientes coinciden en que Guatemala es un país desigual. El 5 por ciento de personas más ricas tienen más recursos que el 63 por ciento de personas más pobres, según el Banco Mundial. La pobreza alcanza al 49 por ciento de la población  y solo el 30 por ciento de los guatemaltecos tienen acceso a un empleo formal.

La desnutrición crónica en la  niñez afecta a cinco de cada 10 menores. Además, cerca de un millón de infantes trabajan en el país y el promedio de escolaridad es de apenas 4.1 años.   Una investigación publicada por la organización Americas Society/Council of the Americas sitúa a Guatemala como el país más desigual de América.