Política

Ley contra la Corrupción necesita respaldo

La Ley contra la Corrupción entró en vigor ayer después de su publicación en el Diario de Centro América, hace ocho días, pero su aplicación afronta retos en las instituciones de justicia en un país señalado por tener altos índices de impunidad.

Guatemala figura en el puesto 120 de 183 países evaluados por el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, con una calificación de 2.7 sobre 10 puntos, según el ranquin vigente.

Órganos de justicia, preparados para la aplicación de nueva ley.
Órganos de justicia, preparados para la aplicación de nueva ley.

NORMATIVA – Conozca los delitos y sanciones que contempla la ley

La contralora general de Cuentas, Nora Segura, dijo que el mayor desafío para cumplir la ley será “lograr el compromiso de todas las instituciones públicas, con el objetivo común de combatir la corrupción”.

Esta exigencia será compartida por el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Procuraduría General de la Nación, expuso Segura, así como por todas las entidades “que resguardan los registros personales de todos los empleados públicos”.

De acuerdo con Álvaro González Ricci, presidente de la Comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria, se pierden entre Q17 mil millones y Q18 mil millones al año en actos de corrupción, al mencionar cálculos de organismos internacionales.

“Si vamos a estándares de países como el nuestro, que son considerados de alta corrupción, se estima una pérdida de un 25 por ciento del presupuesto, hablamos de entre Q17 mil millones y Q18 mil millones en pura corrupción”, señaló.

Vacíos de control

Mayra Palencia, economista del Instituto de Gerencia de la Universidad Rafael Landívar, dijo que la Ley contra la Corrupción “no sirve para nada, si se tiene una Ley de Contrataciones ineficiente”.

Calificó como “hoyos” las compras directas y por excepción que hace el Estado y las carencias en la Ley del Servicio Civil, en cuanto a la capacidad de los integrantes de las unidades de adquisiciones.

“Combatir la corrupción, en su sentido más profundo debe centrarse en todo el sistema de adquisición pública y en el servicio civil. Mientras el Estado tenga esa porosidad en la sanción, será más difícil echar a andar esta ley”, expresó la analista.

Políticas como la programación de compras por parte de las instituciones con base en criterios técnicos comprobables reduciría la discrecionalidad, aseguró Palencia.

El control sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios es un elemento clave fijado por la nueva ley.

Segura indicó que después de la puesta en marcha de la Ley contra la Corrupción se creó el Departamento de Control y Verificación Especial de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

“Este departamento tendrá como objetivo dar cumplimiento a la ley en los casos de enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada patrimonial y la omisión de la declaración jurada patrimonial”, afirmó Segura.

El equipo lo integran 15 abogados, divididos en tres grupos.

La contralora consideró necesario reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (CGC), para fortalecer la institución y la Ley de Contrataciones.

Paquete pendiente

El presidente Otto Pérez Molina prometió que retomará el próximo año el paquete de leyes de transparencia que presentó el 12 de marzo.

“Esperaría que el próximo año los dos grandes carriles sobre los que se mueva el Congreso sean conocer y aprobar el paquete de leyes a favor de la transparencia y contra la corrupción, y otro paquete de leyes que favorezcan la inversión” en el país, dijo el gobernante.

De acuerdo con David Gaitán, director del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, esta ley fortalece la persecución penal, y la sociedad civil “debería asumir el rol de denunciar actos de corrupción y exigir la aprobación del resto de normativas de transparencia y probidad pendientes”.

Además, sugirió trabajar en la capacitación de los responsables de su aplicación, entre ellos jueces y personal del Ministerio Público (MP).

Carmen Aída Ibarra, integrante del Movimiento Pro Justicia, opina que esta ley es insuficiente para frenar la corrupción.

Las tres instituciones sobre las que más peso recaerá serán la Contraloría, la Fiscalía contra la Corrupción y la Superintendencia de Bancos, “en especial la Intendencia de Verificación Especial (IVE), sobre los movimientos de dinero sospechosos”, añadió.

Ibarra agregó que en el MP no podrán “quejarse de que no hay leyes ni instrumentos jurídicos que respalden el trabajo de la Fiscalía contra la Corrupción”, y que se deben depurar los fiscales negligentes.

Los analistas también recomendaron la evaluación interna de la institución para buscar resultados en la persecución de los nuevos delitos: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.

Para aplicar la normativa, la contralora indicó que se requiere “una integración de las normas de diferentes leyes en la materia, así como las convenciones internacionales sobre transparencia”.

La CGC ha firmado convenios con el MP, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio de Finanzas y las municipalidades de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, y el Registro de la Propiedad Intelectual.