Alfredo Jacinto, del Consejo Maya Sipakapense, explicó que consideran como un logro que la Corte haya aceptado su solicitud e indicó que lamenta que “el Gobierno criminalice la lucha comunitaria por defender su territorio”.
Salomón Bamaca, del Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), opinó que es “lamentable que las autoridades consideren que no hay otras alternativas para generar riquezas en el país que no sean la explotación de los recursos naturales”.
Los comunitarios indicaron que tienen cuatro meses para presentar todas las pruebas que indiquen, por qué el proyecto de aprobación del proyecto minero violento sus derechos. Además, el Estado también tendrá cuatro meses para presentar sus descargos de los señalamientos.
Con información de Carlos Álvarez
