Los manifestantes advirtieron de que las protestas podrían continuar esta semana en demanda de la derogación de leyes de Telecomunicaciones, de Túmulos y la aprobación de la norma de desarrollo rural integral, entre otras exigencias.

También comienzan a ampliarse las quejas populares por el alto costo de la vida, principalmente porque para hoy está anunciado que la carne aumentará de precio de entre Q2 y Q3 por libra.

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SIN RECURSOS

Ese ambiente caldeado solo vino a confirmar, según los analistas, la persistencia de otras crisis que han elevado el nivel de conflictividad en el país y que impactan en un Gobierno que se queja de que no tiene recursos para cubrir sueldos de empleados públicos y pagar servicios públicos, pero sí incrementa los gastos por propaganda de sus obras.

La mayor crisis se vive en el sistema de salud, donde los médicos han paralizado los hospitales por falta de insumos y atraso en pago de sueldos.
La carencia de recursos ha llevado a la bancada del Partido Patriota a insistir en el Congreso por la aprobación de bonos por Q4 mil millones, aunque los bloques opositores aseguran que no están de acuerdo con adquirir más deuda y demandan al Gobierno que impulse una política de austeridad.

También afirman que esta situación se ha agudizado porque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no ha reducido la brecha fiscal que a octubre pasado ascendía a Q2 mil 102.3 millones. A ello agregan que tampoco se observa una política de transparencia para poner un alto a la corrupción en las esferas públicas.

La población también denuncia la persistente inseguridad ciudadana y la presencia del crimen organizado, que el sábado último dejó otra masacre de siete personas en Izabal.

A ese panorama crítico se suma la paralización de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como la falta de interés de partidos políticos por aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que no les interesa más controles en el próximo año electoral.

CONFLICTIVIDAD

La conjunción de estos problemas ha aumentado la percepción de ingobernabilidad, coinciden analistas y políticos.

La solución que plantean los expertos es que se busque un pacto de gobernabilidad entre partidos políticos y sectores económicos y sociales. El problema, coinciden, es que los primeros están desacreditados y cuestionados, y los otros solo buscan satisfacer sus necesidades particulares.

Es así como ven al país en un callejón sin salida, que podría incrementar la crisis y el sentimiento de ingobernabilidad en un escenario electoral que podría incluso ser cuestionado, por lo que piden que se establezca un acuerdo de Nación.

Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), advirtió que hay una crisis sistemática de la institucionalidad del Estado y que toca todo el andamiaje que sostiene al país.

“Hace unas semanas tuvimos el problema de las cortes, que aún está sin resolverse, en una flagrante violación de la Constitución; luego, hubo una parálisis en el Congreso, que enfrentó a los partidos políticos, y ahora se manifiesta un problema financiero por la falta de recaudación”.

Agregó: “Pareciera que el conjunto de las instituciones está en crisis de institucionalidad, pero no es casual, es un deterioro”, manifestó Gutiérrez.

Pero no ha sido el único problema que ha generado un sentimiento de ingobernabilidad. El partido oficialista ha pasado de escándalos por ataques con harina contra la vicepresidenta Roxana Baldetti o el cuestionamiento sobre el costo del viaje a Roma; hasta los señalamientos a altos dirigentes por tráfico de influencias.

AGUDIZACIÓN

Para Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, los problemas del país se han ido agudizando porque todos los gobiernos de la era democrática han atendido las coyunturas, pero han obviado los problemas de fondo de la población.

“Los sentimientos de ingobernabilidad son jalones de orejas”, pero advirtió que “las crisis aprovechan los vacíos de poder, y este gobierno ha abierto muchos frentes”, manifestó.

La politóloga Carmen Ortiz indicó que la población ha caído en frustraciones porque esperaban un cambio que nunca llegó y se agudizó, “perdiendo la confianza en sus representantes, que responden solo a los intereses de los sectores dominantes que los premian con dádivas, prebendas y dinero”.

Añadió que todo se agudiza por la impunidad que prevalece en el sector justicia y que quedó en evidencia con lo expuesto por el diputado Gudy Rivera y la registradora general, Anabella de León, a través de tráfico de influencias.

Para darle una solución inmediata a la crisis, Rosales considera que el PP debe sacrificar a Baldetti, restándole poder.

DESCONFIANZA

El constitucionalista Gabriel Orellana consideró que la crisis orillará a que se convoque a una asamblea constituyente. “El problema es que estamos fritos, porque los partidos políticos son bandas delincuenciales que no garantizarían un adecuado cambio de la Carta Magna”, lamentó.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, también ve en la reforma a la Constitución una salida a la crisis, y que deben aprobarse las reformas a la Ley Electoral, que ya tienen el aval de la Corte de Constitucionalidad .

Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, la ingobernabilidad que se siente es “resultado de un postconflicto defectuoso que se ha ido profundizando en la última década”.

“Se firmó la paz y los guerrilleros entregaron las armas, pero no pasó nada más. No se recompuso el Estado ni se orientó a atender las necesidades de la población. Si no se hace nada, se llegará a un Estado fallido pronto”, advirtió.

Mientras que Erasmo Velásquez, director de la Escuela de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, afirmó que para lograr un cambio real se tiene que dejar por un lado los intereses particulares de cada sector.

El profesional reconoce que su planteamiento tiene dificultades, ya que “el gobierno actual está tomado por el poder económico, por lo que no presenta ninguna voluntad política para que haya un mínimo consenso”.

Para Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, una solución inmediata es poner un límite al presupuesto del 2015, en el que no se sobreestimen los ingresos, eliminar los gastos no prioritarios y enfocarse en la justicia y la seguridad. Pero a largo plazo, hay que cambiar la Constitución, indicó.

PIDE CONCIENCIA

Miguel Ángel Balcárcel, comisionado Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo, afirmó que los análisis deben ser más profundos. “En Guatemala preferimos tener una línea, que nos digan por acá vamos; es parte de la cultura autoritaria que tenemos. Cuando eso se rompe, nos vemos sumergidos en crisis”, dijo.

Balcárcel recomienda cambiar la percepción porque, según él, hay que tener más conciencia del proceso de cómo el país se ha ido modernizando.

“Hay que ver las cosas positivas, los indicadores por resultados”, indicó, pero reconoció que es difícil porque hay grandes desequilibrios. Sin embargo, apuntó, “no estamos en la calle de la amargura, como se cree”.

Recursos -Insolvencia financiera-

En tres años, la SAT no ha cumplido con las metas de recaudación, generando escasez. Pese a ello no se ha destituido al titular de esa dependencia, Carlos Muñoz, como lo dicta la Ley.

Jonathan Menkos,   del  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, afirmó que esta crisis ha sido consecuencia de malas decisiones políticas y técnicas, en las que se ha sido débil en buscar un incremento de los ingresos fiscales, pero se ha sido muy activo en aumentar privilegios.

Justicia -Dirección en impasse-

La elección de magistrados fue  criticada desde que comenzó hasta que concluyó, debido a  una alianza entre el PP y Libertad Democrática Renovada, en el Congreso. La elección de los magistrados para las cortes Suprema de Justicia y de salas aún sigue en suspenso.

Agregó que el país está en un grave dilema. “O se judicializa la política o se politiza la justicia. Hay que buscar una solución. El problema es que no hay gente con solvencia ética y moral con la que se pueda hablar”, dijo.

Política -Congreso cuestionado-

Aunque ya se percibe una aparente calma, el Congreso recién atravesó por una crisis en la que se vio  cuestionada la honorabilidad de los diputados.

La primera crisis fuerte  se produjo  por  una alianza entre el PP y Líder, por  medio  de la cual eligieron a los magistrados de las cortes de Apelaciones y  Suprema de Justicia. La crisis se agudizó cuando Líder y  bloques pequeños intentaron dejar fuera al PP de la Junta Directiva del 2015. Luego, la UNE se unió al oficialismo.

DATO

Q3 aumenta a partir de hoy la libra de  carne de res.

Q4 mil millones es lo que pide el Gobierno en bonos.