El mandatario promovió la querella penal el pasado 21 de noviembre por los delitos de coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y desacato; por lo que el juez José Luis Patán Piché decretó arraigo contra Zamora.

Por medio del abogado Julio Mario Echeverría, el mandatario solicitó al juzgado que resuelva el embargo de cuentas bancarias y bienes del periodista y que le ordene “el cese inmediato de toda acción que conlleve amenaza, intimidación y coacción en contra de la integridad, seguridad, imagen y libertad del agraviado y víctima, que pudiera dirigirle de cualquier forma, sea verbal o por escrito”.

Sin embargo, estas medidas no han sido aprobadas o rechazadas por el juez, quien ha fijado para el próximo 7 de febrero una audiencia sobre este tema.

Reacción

En el Editorial de Prensa Libre de este martes se aclara que este tipo de casos deben ventilarse en el Tribunal de Imprenta, ante lo cual Pérez Molina dijo: “Le pedí a un abogado que viera qué hacer y nombre un mandatario, él presento la denuncia; revisamos si hay que ir al Tribunal de Imprenta”.

Pérez Molina señaló que no se trata de “una persona, sino de institución”.

“No debemos permitir que también se abuse de la libertad de expresión, se insulte y se aprovechen de medios de comunicación para decir mentiras”, afirmó.

La figura de desacato desapareció desde que los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal fueron derogados.

Para los responsables de ese delito se establecía prisión. Esto, a pesar de que el artículo 35 de la Constitución en el párrafo segundo estipula: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas, ataques o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, aun y cuando hubieren cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.