Los activistas ponen en tela de juicio la legalidad del procedimiento, pues lo relacionado al gasto de viáticos para el Ejecutivo y entidades descentralizadas se norma con el Acuerdo Gubernatio 394-98.

El acuerdo establece cuotas diarias de Q80 a Q160, que varían dependiendo del salario de los funcionarios.

Piden a la Contraloría General de Cuentas que accione legalmente contra las modificaciones hechas al reglamento y al presidente Otto Pérez Molina que vele por la prudencia de los recursos públicos.

También denuncian que el Ministerio ha incurrido en gastos de representación dudosos en cantidades y lugares de consumo, pues según un informe de la Contraloría, erogaron Q73 mil 595.04 en consumos en chicharroneras, cevicherías, restaurantes bares y supermercados.

*Con información de Alex Rojas