La población menor de 18 años se calcula en poco más de 7 millones. De ese número, la mayoría de niñas, niños y adolescentes han llegado al mundo y dado sus primeros pasos en este país enfrentando obstáculos muchas veces insalvables. Algunos perdieron la vida antes de alcanzar los 5 años. Otros, lograron sobrepasar ese valladar biológico para vegetar en un ambiente adverso, sin suficientes alimentos, condenados a una vida de privaciones extremas y a una desnutrición crónica que les marcará de por vida.

Otros más afortunados lograron por lo menos ir a la escuela. Pero muchos de sus establecimientos educativos carecen de pupitres, se inundan en invierno, no tienen servicios básicos y las más pobres tampoco cuentan con agua corriente y mucho menos servicios sanitarios. Es imposible, entonces, esperar un mínimo de motivación entre esta población infantil cuyo horizonte será, muy probablemente, una vida de trabajos forzados en maquilas, en plantaciones, en cualquier actividad industrial por un salario de hambre.

De esos 7 millones de niñas, niños y adolescentes, la abrumadora mayoría carece por completo de servicios de salud. Lo mínimo para un infante, como vacunas y controles pediátricos oportunos, para este contingente está fuera del alcance. Muchos ni siquiera saben de qué se trata la revisión odontológica o el control de algo tan básico como su visión. Van por la vida sin haber recibido del Estado —que les debe eso y mucho más— otra cosa que la mezquindad de privarlos de los fondos destinados a atender sus necesidades básicas.

La responsabilidad con la niñez y la juventud no reside en bolsas seguras ni en limosnas sacadas de la mente de un estratega ignorante y superficial. La niñez tiene derechos por orden constitucional y por convenios internacionales que los amparan. No son ciudadanos de tercera categoría a quienes se les pueden arrojar las sobras cuando el enriquecimiento de sus gobernantes colmó la medida de lo tolerable. No puede ser que en un país tan rico como para que sus políticos tengan fortuna suficiente para adquirir mansiones y fincas, helicópteros y jets privados, la mitad de sus niños y niñas sufra desnutrición crónica.

La ciudadanía ha absorbido a tal punto los estereotipos de categorías, que ha olvidado algo tan primordial como la defensa de este sector vulnerable. Abundan los discursos pero escasean las acciones decididas a detener el latrocinio y a reparar el daño profundo que se le ha infligido a esta parte de la sociedad, aquella sin voz en los foros nacionales. Y encima se sataniza a una juventud abandonada a su suerte, privada de toda oportunidad de capacitación y de progreso personal.

La refundación o lo que sea necesita el país para reparar sus heridas y comenzar a remontar la caída de sus indicadores sociales es un trabajo pendiente y corresponde a toda la ciudadanía trabajar en esa dirección. No olvidar jamás que esa juventud abandonada es la fuerza laboral del futuro inmediato, es el motor del desarrollo y, por ello, el modelo a seguir debe ir orientado hacia su crecimiento. Es el recurso más valioso y Guatemala lo tiene en abundancia.

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