y comienzan a cortar los sembradíos. Los gritos de protesta aumentan.

¡Déjenos trabajar! ¡No es justo! ¡Somos gente pobre! ¡Exigimos hablar con el presidente!

Una escena digna de ser incluida en una documental sobre la realidad de las políticas fallidas del combate de las drogas. Y es actual. Sucedió la semana pasada. Uno de los tantos operativos que se llevan a cabo frecuentemente en la mayoría de los países “productores”. Reflejo de una problemática que al día de hoy no se resuelve.

Son pocos los que aún sostienen que la costosa guerra contra las drogas no es un total fracaso. La opinión de los expertos, intelectuales y analistas del mundo abogan por una legalización para arrebatarle a los carteles y narcotraficantes el efecto devastador que sus subterráneos tráficos ejercen en las sociedades, penetrando la justicia, la política y la economía.

Escribí recientemente que un estudio de la Universidad de Stanford sostiene que los Estados Unidos deben cambiar el giro de su política, de gastar más de cien millardos de dólares en forzar el cumplimiento legal y su penalización, a uno de “educación, tratamiento y prevención”.

La lógica del combate de las drogas es insostenible desde hace décadas. El presidente Carter, en 1977, en un discurso al Congreso dijo: “Las penas por posesión de una droga no deben ser más dañinas que las drogas mismas…”. (Rosenberger, 1996, p25).”

El estudio concluye que los Estados Unidos gastan más de US$50 millardos —más otros 40 millardos en prisiones, etcétera—, tratando de erradicar las drogas. De acuerdo con los estimados de la DEA se capturan menos del 10 por ciento de todas las drogas ilícitas.

El investigador plantea dos preguntas: 1) ¿Cuánto cree usted que costará detener el otro 90 por ciento? Y 2) ¿Es una suma de US$50 millardos al año —con un 90 por ciento de fracaso— una buena inversión para el país? Evidentemente, no. En términos de la inversión de esos millardos de dólares, vidas destruidas, prisiones saturadas, racismo, muertes relacionadas, pérdida de la libertad, etcétera, ¿se percibe una disminución en el patrón de uso y acceso a las drogas? Desafortunadamente no.

Al final de todos los argumentos, la realidad confronta. Tajumulco. Aquí en nuestro país. Nuestros campesinos indígenas en medio de una simple ecuación de oferta y demanda. Víctimas del garrote antidrogas. Penalizados sin ser consumidores.

Pienso en las palabras del presidente Pérez Molina la última vez que estuvo en San Marcos: “Debemos legalizar el cultivo de la amapola y exportarla para fines médicos”.

Tiene razón. Todos sabemos que volverán a sembrar hasta que les caiga el próximo operativo. Se repite la escena reiteradamente fallida.

alfredkalt@gmail.com