Ninguna culpa tienen en eso los médicos, el personal auxiliar, ni los empleados administrativos. Estas personas  hacen un esfuerzo supremo por  cumplir a cabalidad las funciones propias de los empleos que desempeñan;  pero, carecen de algunos elementos esenciales  para ello. Largas  colas,  falta parcial de  medicinas y  estrechez de  las instalaciones  son problemas actuales que vienen de lejos y de los cuales se han ocupado constantemente los medios de comunicación social, por una parte, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, por la otra. No así por el mismo IGSS.

Si no fuese por los periódicos, esa situación pasaría inadvertida todo el tiempo, ya que los empleados  perderían  sus puestos si  se arriesgaran a formular denuncias públicas. Y es innecesario  ponerlos  en aprietos, porque muchos periodistas acudimos   a las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una de las cuales es el CAMIP 2 Barranquilla,  y podemos ver lo que sucede, sin necesidad de intermediarios.
Ya hace tiempo, ante las constantes denuncias de afiliados, el Procurador de los Derechos Humanos adoptó resoluciones adecuadas dentro de las disposiciones constitucionales que le asigna el papel de defensor de los derechos humanos que la Constitución garantiza.

La primera intervención del PDH se remonta a  mayo de 2007, en atención a 17 denuncias  acumuladas contra  autoridades del  CAMIP Pamplona, cuyas instalaciones están en la zona 12. Abrió el expediente 981-2007 y declaró, como lo sostenían los denunciantes, que  en ese centro de atención médica estaba siendo violado el derecho a la salud de los afiliados. “Las autoridades competentes, dice la resolución final, son responsables por no garantizar la disponibilidad, accesibilidad, pertinencia y calidad de los servicios de salud”.

 Ocho años después —los días  3 y 4 de este mes—, personal de la Unidad de Supervisión Hospitalaria, del Procurador de los Derechos Humanos,  practicó un monitoreo a fondo en dos de los centros de atención médica integral (zonas 5 y 12) y encontró los mismos  problemas de 2007: largas colas y  falta de medicinas básicas o esenciales. Los pacientes, además,  deben esperar dos, tres o más horas para llegar a las ventanillas de la farmacia.  Y en muchos casos después de esa larga espera  les informan que no hay existencia de todas las medicinas recetadas y que deben volver otro día, no sin antes preguntar por teléfono si  ya las medicinas llegaron.

Pero, el caso de los dos desmayados podría tener una explicación especial y es que a principios de este año, por disposición oficial del IGSS,  fueron trasladados del CAMIP Pamplona al CAMIP 2 Barranquilla unos siete mil pacientes —todos pensionados del  Estado— para descongestionar el primero de esos centros. Y eso produjo en la zona 5 una inundación humana,  al punto de que dos o tres médicos renunciaron. En ese centro  eran atendidos solamente trabajadores de la iniciativa privada y  había resistencia para acoger a los jubilados del  Gobierno porque este no paga ni su cuota como patrono ni su cuota como Estado. Tanto que la deuda estatal al IGSS está por alcanzar la fabulosa cantidad de treinta mil millones de quetzales (Q30,000.000.000.00) y durante medio siglo no se vio  en el Congreso de la República ni en el Organismo Ejecutivo el menor deseo de pagar esa monstruosa deuda, aunque fuere a plazos.  Se hicieron  de la vista gorda.

Fue hasta el 12 de febrero de este año que,  finalmente,  mediante una carta de entendimiento, firmada por el Gobierno y el IGSS, que el Ejecutivo se ha comprometido a pagar por abonos “parte de la deuda”.  Ya veremos si le queda tiempo para honrar ese compromiso.

Pero, es un buen precedente, y  es de  esperar que sucesivos gobiernos hagan lo mismo, o algo más. La  falta de pago de  cuotas obligatorias al IGSS ha sido, ni más ni menos, una infeliz traición continuada a los trabajadores.