Aquellos que pretenden ignorar a los miles de niñas y niños forzados a trabajar antes de la edad adecuada, dejando por un lado sus posibilidades de estudiar, desarrollarse y llevar una vida digna, o cuando todos llevamos nuestra vida normal a pesar de vivir  en el único país de América con casi el 50% de desnutrición crónica infantil de 0 a 5 años y con el mayor número de embarazos en niñas menores de 14 años.

Con nuestros países vecinos vemos al país desangrarse en los actos insensibles de violencia realizados por las bandas del crimen organizado o por grupos de maras a su servicio, ante un sistema de seguridad que no solo no tiene la capacidad de responder, sino  que además está progresivamente siendo infiltrado por estos cuerpos ilegales, y un sistema de justicia que, salvo heroicas excepciones que felicitamos, como la condena de Arredondo, más pareciera dedicarse a ser el garante de la impunidad; un país en el que a pesar de lo anterior, las autoridades  hoy absurdamente amenazan con dar por concluido el mandato de la  Cicig, que constituye la mejor experiencia en investigación  de delitos del crimen organizado y de sus mecanismos de infiltración y control de las instituciones del Estado.

Tenemos partidos políticos que surgen y desaparecen en una constante ebullición de intereses particulares, pero nunca con un espíritu de servicio ciudadano y de fortalecer la democracia.  Se venden votos en el Congreso, igual que candidaturas en los partidos, y todo eso pareciera “lo normal”; la excepción es encontrarse a las personas honradas que por supuesto existen.   Surgen candidatos con oscuro pasado, que a pesar de haber sido público,  a todos se nos han perdido  en la memoria y pueden volver a reciclarse como los grandes expertos y estrategas políticos.

Lo más preocupante es que para ambas elecciones de cambio, vemos cómo surgen nuevas y extrañas alianzas  entre sectores políticos que se oponían unos a otros,  pero que hoy los une el tema común de la impunidad.

Los guatemaltecos debemos asumir  la necesidad de hacer reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos,  y que el  proceso electoral no solo sirva para elegir más de lo mismo,  sino  para exigir y  demandar a los políticos su compromiso con   una nueva legislación que nos permita fortalecer  la justicia y la democracia y que terminen con la arbitrariedad y la impunidad.

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