¿A quiénes les sirve seguir fragmentando el territorio en una serie de municipios que difícilmente podrán garantizar el desarrollo y la prosperidad a sus habitantes? En el corto plazo, es inevitable dejar la vista puesta en el Ejecutivo; algo tendrá que ver el potencial rédito electoral con una población “agradecida” por haberles apoyado a lograr su tan anhelado cometido. Más importante aún es que los decretos que crean las nuevas municipalidades establecen que el Ejecutivo nombrará al primer alcalde. Siete alcaldes oficiales más, ganados de la nada no está mal, ¿verdad? Especialmente, cuando ello implica, a la par, la asignación de recursos para el “arranque”. Oportuno cuando toca organizar el activismo con vistas a las próximas elecciones.

Estas nuevas circunscripciones nacerán a la vida pública y política en espacios eminentemente rurales, donde los “urbanitas” que aspiran a la Guayaba, tal vez no se sientan tan cómodos. De allí que el “divide y vencerás”, abona a la explicación, me dijeron por allí. También obtienen rédito los diputados distritales, que pretenderán, sin mayor vergüenza, capitalizar a su favor la lucha de años de ciudadanos que tienen el convencimiento todavía de que volverse municipio los sacará del subdesarrollo.

Controlar territorios pequeños y con débil institucional local, siempre es más fácil que hacerlo en espacios más consolidados, donde las reglas formales e informales están ya establecidas. Lidiar con noveles caciques debe ser más fácil, que con uno grandote que ya se las sabe todas y tiene influencia sobre un territorio y población mayor. A la mejor es menos costoso también.

Quitamos apenas una capa a la gran cebolla de potenciales razones, actores e intereses que pueden estar detrás de ese inusitado dinamismo del Ejecutivo. Claro, mientras menos evidentes, más preocupantes sus implicaciones para la viabilidad del Estado.

Más que la discusión casuística y coyuntural, lo que procedería es el abordaje a fondo: el ordenamiento territorial es otra de las múltiples asignaturas rezagadas en la gestión pública. El marco normativo del país lo concibe todavía solo como una función propia de las municipalidades, como si cada municipio existiera en vacuo; sin pertenencia ni relación con un territorio mayor y este, a su vez, con otras regiones del Estado unitario que todavía somos en Guatemala. La ley de regionalización ya es obsoleta. Los territorios fronterizos merecen tratamiento diferenciado, pues en ellos se expresan graves problemas de seguridad humana y florecen más fácilmente las economías ilícitas.

La iniciativa de ley de ordenamiento territorial se quedó durmiendo el sueño de los justos desde el 2010. Mientras sea el Código Municipal el único instrumento que regule este proceso, las entidades públicas darán trámite a los expedientes, como que fuera un mero tema técnico; mientras el territorio nacional se seguirá pulverizando a sabor y antojo de saber quiénes.