El pasado viernes 28 de noviembre, el Congreso de la República autorizó sin mayor discusión la cifra de Q70.6 millardos, que no corresponde a lo especulado ni a nada con sentido; cifra que ha sido criticada y comentada, no solo por lo exorbitante sino porque no tiene fuente de financiamiento veraz, como no sea la complementaria aprobación para emitir bonos del tesoro y solicitar préstamos internacionales, ya que los ingresos previstos por recaudación tributaria, según las expectativas del Ministerio de Finanzas, serán del orden de los Q50 millardos.

Dentro del caos cuidadosamente planificado, una vez asegurados los votos necesarios, como quien no quiere la cosa hubo una gran jugada que hizo pasar dos impuestos que afectarán el bolsillo de todos: el aumento a Q5 al impuesto sobre la distribución de cemento y un tributo de Q5 mensuales por cada línea telefónica, bajo la pueril premisa que los empresarios la pasen o no al consumidor final. La reacción a semejante desfachatez fue inmediata. Vendrán protestas, manifestaciones, denuncias de inconstitucionalidad y amparos que llevarán el asunto, a lo largo de las siguientes semanas, a la cumbre del sistema judicial. Para entonces, habremos llegado al ciclo Guadalupe-Reyes que impedirá que nos indignemos, entrando de lleno al jolgorio propio de la época.

Con suerte, alguna corte amparará las denuncias y se suspenderán los impuestos, y sin darnos apenas cuenta el ciclo festivo habrá terminado y deberemos enfrentar obligaciones como inscribir a los patojos en la escuela, lista de útiles escolares y toda la dinámica de otro año complejo, sin dinero y con deudas. No olvidemos que  será año electoral, cargado de hostigamiento propagandístico de los mismos rostros, con las mismas promesas que de antemano sabemos que no serán cumplidas, para finalmente elegir al menos malo de entre los malos, y empezar de nuevo, con los mismos males, las mismas malas costumbres; cual parteros, asistiremos al alumbramiento de otra camada de nuevos ricos, ante la mirada perdida del pobrerío.

Entonces, los guatemaltecos entenderemos para qué era necesario aprobar un presupuesto desproporcionado y desfinanciado, que no refleja nuestras necesidades, pero cuyo monto desaparecerá de las finanzas públicas como el agua entre los dedos.