Sin embargo, frente a casos así, siempre me hace ruido una cuestión: a muchos presidentes, en distintas partes del mundo, la ley los arrodilla por asuntos de dinero, pero nunca o raramente por asuntos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Acostumbrados como estamos al arma en la cintura y a más de 17 muertes violentas al día, en Guatemala ya ni nos acordamos de que en 1982, Portillo asesinó a dos personas tras una pelea en una fiesta privada en Chilpancingo, México. El hecho fue admitido públicamente por él, y aseguró que fue en defensa propia (East y Thomas, 2003). El caso fue cerrado judicialmente en 1995 (Human Rights World Report, 2000). Igual sucedió con Pinochet, responsable de innumerables crímenes de lesa humanidad en Chile, apresado en su momento por cuestiones financieras, y no por su condición de criminal de lo humano. Pero este es otro tema.

Volviendo al caso Portillo, llama la atención el doblez de quienes no quieren juicios de derechos humanos fuera de fronteras, pero sí aplauden juicios por corrupción o lavado de dinero en lugares donde consideran que se administra bien la justicia. ¿O sea que sí sabemos cuáles son los trapos más sucios y por qué han de lavarse en casa? ¿Es, precisamente, por saber que aquí la justicia no funciona, que se quieren dejar los casos de derechos humanos bajo la jurisdicción nacional y los de dinero en otras jurisdicciones? ¿Son los crímenes fiscales o financieros los únicos crímenes “verdaderos”? Dan muchas ganas de que en Guatemala haya un sistema de justicia independiente, sólido y sustentado en la ética.

Entre el tiempo que ya cumplió en prisión y el que le queda por cumplir según la sentencia recién dictada en Manhattan, Portillo estaría regresando al país a finales del 2014. Justo antes del inicio del año electoral. Correspondería, legalmente, que él solventara algunos asuntos pendientes con la justicia, pero siendo Guatemala el circo surrealista que es, y con una Corte de Constitucionalidad que ha dejado claro a qué patrones le sirve, no sería raro que viniera a aterrizar en una curul legislativa. De hecho, ya hay un Frente Nacional Portillista, donde afirman que su candidatura se basaría en “los sectores populares que tanto lo apoyan”.

Esto realmente no habla solo de cómo y por qué elige la gente a los presidentes en este país, sino del divorcio que hay entre unos y otros sectores. Habla de cómo esto es aprovechado por los políticos populistas de derecha o de izquierda para conseguir cargos públicos. Habla de una sociedad fascinada por sus secuestradores. Habla de brechas que se han ido ampliando en lugar de cerrarse y de una clase política dedicada al marketing y las finanzas. Habla de una sociedad desilusionada, acostumbrada a sus excéntricos bufones políticos.

Ya nos merecemos más dignidad. Tengo la esperanza de que iremos saliendo poco a poco de esa generación de políticos caducos, ladrones, bocones y matones que tanto daño le han hecho a Guatemala. Insisto en la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero no para extenderle la beca a los mismos de siempre que se quieren prolongar en el poder, sino para cambiar de fondo las estructuras de un sistema de partidos que ha favorecido el anclaje de esta clase política. Una reforma que, siguiendo la huella de los dineros que pagan campañas y piden a cambio favores políticos, le ponga límites a esta desbocada carrera de cuatreros. Porque, como dijo Einstein: “ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que se ha creado.”

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