El periodista Danilo López y el reportero Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente, fueron asesinados el 10 de marzo frente a las narices de la PNC, en la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, en Mazatenango. En ese crimen también resultó herido de gravedad el reportero Marvin Túnchez, de un medio local.

Desde el 2008 Danilo López había denunciado fuertes amenazas de parte de las autoridades locales y departamentales, debido a sus publicaciones sobre actos de corrupción, malversación de fondos y abuso de poder en varios municipios de dicho departamento. Sin embargo, en vez de que el Gobierno protegiera su integridad física, lo dejó abandonado.

La violencia que azota al gremio periodístico en ese departamento va en aumento, pues cuatro días después, el 13 de marzo, el comunicador social Guido Armando Giovanni Villatoro fue asesinado cuando salía del canal local Servicable, donde laboraba, en el municipio de Chicacao.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se limitó a expresar que el Ministerio Público avanza en las investigaciones por el asesinato de los tres periodistas. Sin embargo, en el 2013, cuando fueron asesinados cuatro periodistas en Jutiapa, Mazatenango y Zacapa, espeluznantemente afirmó que esos ataques “obedecieron a motivos de tipo personal”. Con esas declaraciones López Bonilla justificó los homicidios y los feminicidios que se han cometido y cometen en Guatemala. Ningún asesinato ni feminicidio puede ser justificado por el ministro de Gobernación, quien tiene la obligación de velar por la seguridad y la libertad de la ciudadanía.

El Gobierno se ha mostrado insensible ante el daño emocional y físico que han sufrido periodistas y reporteros que han sobrevivido a ataques armados, serán huellas que marcarán el resto de sus vidas; lo mismo ocurre con las familias de ciudadanas y ciudadanos que perdieron la vida en forma violenta en Guatemala.

Es innegable que los asesinatos, atentados y amenazas que se cometen contra profesionales de la comunicación buscan restringir y censurar el derecho a la libre emisión del pensamiento y acallar a las voces críticas. Pero más preocupa que esas agresiones de censura y amenazas provengan de autoridades locales y departamentales impunes, corruptas y deleznables.

El abuso de poder, por parte de autoridades municipales y departamentales, es un flagelo que se ha extendido en distintos puntos de Guatemala. En enero del año en curso, el alcalde Diego Marcos, su corporación municipal y gente allegada a él, cerraron arbitrariamente la radio comunitaria Snuq Jolom Konob’, en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Las agresiones y amenazas no han cesado, el 19 de marzo impidieron la reapertura de esa importante emisora local y agredieron físicamente a Jeff Abbott, de Prensa Opal Chile, y a Lucía Ixchíu, de Prensa Comunitaria.

Si los sectores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía no tomamos las calles para exigir el respeto a la libre emisión del pensamiento y el fin de la impunidad, la democracia que pende de un hilo, corre el riesgo de desplomarse.