Preservar el sistema de corrupción e impunidad requiere de múltiples estrategias. La más evidente es la cooptación de las instituciones a través de la consolidación de un sistema político-electoral mafioso. Los diputados eligen magistrados y el presidente, funcionarios de instituciones claves para el país, producto de negociaciones en las comisiones de postulación que también han sido cooptadas, lo que da como resultado un círculo perverso.

Sin embargo, los grupos mafiosos y de poder político y económico no lo tienen todo bajo control. Existen personas que son como piedras en sus zapatos. Me refiero, por ejemplo, a periodistas, líderes comunitarios o gremiales y defensores de derechos humanos que alzan la voz y denuncian las tropelías y abusos. La primera estrategia que usualmente se utiliza es quererlos comprar. Si eso falla, empiezan los ataques, que se dan en forma escalonada hasta llegar a los asesinatos.

El informe de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua) correspondiente a los meses de enero a junio 2015 da cuenta de 337 agresiones, que van desde amenazas, intimidaciones y vigilancia hasta detenciones arbitrarias e ilegales, denuncias espurias en los tribunales, tratos crueles, violencia sexual y muertes violentas. Si se compara este semestre con todo el 2012 —primer año del gobierno de Pérez Molina— hay un incremento de 166% en los ataques.

La mayoría de estos se registran contra personas que trabajan en defensa de la naturaleza, los derechos de pueblos indígenas y temas de justicia. Destaca el hecho de que tres de los nueve asesinatos fueron cometidos contra periodistas o comunicadores sociales y el resto, contra quienes defienden sus territorios.

Una estrategia reiterada es la criminalización de periodistas a través de denuncias penales que intentan limitar la libertad de expresión y restarle credibilidad a los comunicadores. La semana pasada se conoció que la jueza Silvia Morales Asencio abrió juicio contra varios periodistas de Siglo 21, a raíz de una denuncia de la exsecretaria para la “transparencia”, Verónica Taracena, luego de que el diario publicara una noticia referida a gastos en esa entidad.

A esto se suma la denuncia interpuesta por las colegas de Canal Antigua y VEA Canal contra un agente de la SAAS que las habría agredido sexualmente cuando daban cobertura a una audiencia donde participaban la ex vicepresidenta Baldetti y su esposo. También se registran ataques contra integrantes de los movimientos ciudadanos #RenunciaYa y #XelaSosVos.

La preocupación central es la impunidad que sigue habiendo alrededor de estas agresiones y la falta de castigo contra quienes ordenan los ataques, pero sobre todo las credenciales de quienes integran los partidos que van punteando en las encuestas.

La evidente intolerancia del presidenciable de Líder, Manuel Baldizón, y de los militares de Avemilgua, fundadores del partido que promueve la candidatura de Jimmy Morales, eleva los niveles de alarma y reafirma la necesidad de no claudicar en la exigencia ciudadana por la depuración del sistema.