Todas las publicaciones de Prensa dan a las autoridades una pista, explicable y lógica, para aclarar el asesinato de dos periodistas, Danilo López y Federico Salazar, perpetrados en Mazatenango, la semana que acaba de terminar.

Ese camino investigativo conduce, por ahora, al despacho de un funcionario público, denunciado a su debido tiempo por uno de los periodistas que entonces había sido amenazado de muerte.

No sería la primera vez que un alcalde conspira contra la vida de un periodista, como represalia por informaciones acerca de vicios en el ejercicio de la función pública en el poder local. Los casos son numerosos y la casi totalidad continúa en la impunidad. Y sabido es que la falta de castigo a los criminales es una de las mejores fuentes para el crecimiento de la delincuencia homicida.

En el presente caso, si el funcionario sospechoso es ajeno a lo ocurrido —lo cual debe presumirse—, debería hacer una cuestión de honor cooperar a fondo en las pesquisas iniciadas, hasta determinar la identidad del que ordenó el doble asesinato; de tal manera que pueda posteriormente comparecer ante sus electores y decirles: “tengo limpia la conciencia”.

Independientemente del hecho que estos días enluta al gremio nacional de periodistas, es necesario puntualizar que la conexión entre funcionarios, nacionales y municipales, viene de lejos. Docenas de ejemplos pueden ser citados como forma de ilustrar que cada uno de esos asesinatos ha sido un ataque directo a los derechos humanos: el poder político intenta matar la libertad de expresión, el arma más poderosa a la que temen.

Quizás por eso en el pasado reciente fueron asesinados periodistas nacionales y extranjeros por igual. Uno de los casos de mayor impacto internacional fue la muerte de los periodistas norteamericanos Nicholas Blake, corresponsal, y Griffith Davis, fotógrafo. Fueron capturados por una patrulla de autodefensa civil, llevados al lugar conocido como Los Campamentos, torturados, matados a tiros y sus cadáveres tirados entre la maleza, a pocos metros de la orilla de un camino, donde fueron descubiertos tiempo después.

Por esos crímenes, y por otros más, el Estado de Guatemala ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una parte de la historia de los crímenes contra periodistas guatemaltecos está plasmada en el libro Crímenes sin castigo contra periodistas, publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1,300 medios de comunicación social de casi todos los países americanos. Lo ocurrido a periodistas norteamericanos y guatemaltecos pone de manifiesto la conectividad existente entre el poder político y los atentados contra la libertad de expresión, específicamente.

Estudios hechos en Guatemala y en el extranjero documentan asesinatos de cerca de 50 periodistas, perpetrados en la segunda mitad del siglo pasado, y lo que va del presente.

En cuanto a la tragedia de Mazatenango, las autoridades ya tienen a uno de los sospechosos tras las rejas. Se trata, sin embargo, del presunto autor material. El que dispara, o apuñala, tiene pocas posibilidades de burlar a sus perseguidores. El autor intelectual, en cambio, se oculta hábilmente y la justicia penal nunca llama a su puerta.

Y ya es tiempo, a la sombra de lo sucedido, de que el Ministerio Público rinda públicamente un informe del estado en que se encuentran los casos de otros periodistas asesinados.

Guatemala merece que las investigaciones por este doble crimen y las que corresponden por todos los demás, lleguen hasta las fuentes primarias de sus orígenes y no se empantanen en los autores materiales.

La impunidad en esta materia constituye una crucifixión de los derechos humanos, propia de los países más salvajes, entre los cuales no debería figurar el nuestro.

Y, sin embargo, figura.

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