La semana pasada volvió a estre- mecerse el sistema. Las capturas del yerno del presidente, su otrora secretario general Gustavo Martínez, y la del ex viceministro de Energía y Minas Edwin Ramón Rodas, sumadas a la solicitud de antejuicio contra cuatro diputados del partido Líder y de un juez, se agregan a la larga lista de funcionarios y políticos señalados por el Ministerio Público (MP) y la Cicig de diversidad de delitos, que pueden resumirse todos en una asquerosa corrupción.

Si no fuera porque es trágico darnos cuenta de que hacia donde veamos sale a flote la podredumbre, hasta resultaría cómico que los diputados señalados desafíen a la Cicig a que presente pruebas en su contra y al día siguiente se haga circular un video en donde no queda ninguna duda de los ilícitos cometidos por los congresistas. Me resulta increíble que a estas alturas los políticos corruptos no hayan entendido que cuando el comisionado Velásquez presenta un caso lo hace basado en pruebas que sustentan la acusación.

Pero además de los políticos y los funcionarios, otra vez quedaron en evidencia los personeros de dos empresas privadas, Jaguar Energy y Zeta Gas, quienes habrían pagado sobornos para obtener beneficios y conseguir favores gubernamentales, como en el lamentable caso IGSS-Pisa, donde la corrupción cobró la vida de 17 pacientes, o en el timo de la agüita mágica para el Lago de Amatitlán, por la que se pagó a un empresario varios millones de quetzales.

Las evidencias demuestran que el sistema está podrido y corrompido hasta las raíces. No se trata de unos cuantos individuos que cometen delitos de manera particular, estamos ante redes mafiosas, que han tomado por asalto las instituciones y los tres organismos del Estado. A esto es precisamente a lo que nos referimos cuando hablamos de cuerpos clandestinos y aparatos ilegales, para que funcionen es necesaria la confluencia de muchos actores —públicos y privados— y una maquinaria bien aceitada de profesionales en diversas disciplinas que les facilita operar. Por supuesto la cooptación de jueces y magistrados les es de tremendo provecho, porque es la única forma de garantizarse impunidad.

Me pregunto cómo todavía el presidente puede alegar demencia y negar su responsabilidad política, después de que su compañera de fórmula, la ex vicepresidenta Baldetti, su yerno Gustavo Martínez —al que quiso proponer como magistrado a la CSJ—, su ex secretario privado y luego presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez; su ex ministro de Gobernación y hombre de confianza, Mauricio López Bonilla, y dos de los exsuperintendentes de la SAT nombrados por él —para citar apenas algunos ejemplos— han debido renunciar a sus cargos bajo sospecha de corrupción o están enfrentando un proceso penal con privación de libertad.

Y me pregunto también cómo los diputados, después de que han convertido al Congreso en una cueva de ladrones, osan todavía negarse a escuchar la exigencia ciudadana de aprobar una reforma electoral y política que empiece a cambiar las reglas del sistema.

Como decía mi abuela, estos malandrines tienen la tormenta encima y no se arrodillan.