SIGO FIRME EN LA IDEA de que cuando un legislador se ve envuelto en un escándalo originado en hechos de corrupción, o de cualquier naturaleza que no sea legal, no es el Congreso de la República el que se desprestigia sino el legislador.

En la sustracción ilegal de dinero del Congreso, este es la víctima inmediata; en segundo lugar se daña a los contribuyentes; por último y no por ello menos importante, el infractor defrauda al electorado que lo elevó a la categoría de dignatario.

Por lo tanto, el único que debe sufrir las consecuencias del caso, si las denuncias tienen fundamento y pueden ser probadas, en donde corresponde probarlas, es el acusado. Entre esas consecuencias, además de la condena y los pagos correspondientes, figura una de mucha más importancia: la moral. Esto, si no es absuelto de conformidad con eso que es llamado debido proceso y que no todos saben en qué consiste.

Si el imputado fuere condenado, es que no merecía en modo alguno ser llamado dignatario, mucho menos padre de la patria, porque se ha desentendido de la confianza depositada en él por los electores y por los organismos del partido político que lo postuló candidato, el cual lo prefirió a otros aspirantes, por considerarlo honrado, no solo en sus actos externos sino, fundamentalmente, en su fuero interno, es decir en el ámbito de su conciencia. Y digo esto a propósito de lo que sucedió la semana pasada.

El jueves y viernes pasado, los cronistas parlamentarios se dieron un festín noticioso filmando a fiscales del Ministerio Público y policías nacionales cuando irrumpían en oficinas del Congreso de la República y más tarde cuando salían cargando cajas llenas de documentos hallados en el sector administrativo, para probar, de ser posible, denuncias sobre prácticas de corrupción por parte de un grupo de empleados dirigidos por el legislador ahora en entredicho. El implicado refuta todas las acusaciones.

Los allanamientos son diligencias para el desarrollo de un antejuicio impulsado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que, por de pronto, afecta a otro legislador que es al mismo tiempo un hombre de negocios: Pedro Muadi Menéndez. No es un empresario común, sino uno que fue miembro del directorio de una prestigiosa cámara empresarial, y es dueño de una empresa que vende materiales para fabricar zapatos, de manera que resulta inexplicable que voluntariamente haya querido manchar para siempre su nombre con un negocio sucio, de poca monta, que le reportó poco más de un millón de quetzales al año, según las cuentas de las entidades que intentan procesarlo penalmente y enviarlo a prisión.

Acerca de la cámara citada digo lo mismo que del Congreso. No es la cámara la culpable del comportamiento de uno de sus miembros. Todo lo que se diga en torno al caso, afecta única y exclusivamente al diputado y a otras personas, algunas de las cuales ya han sido capturadas. Y lo mismo vale para el partido político del cual era afiliado.

¿Qué hizo el diputado Muadi, para que ahora también lo echen al foso de los leones? Según la acusación, cuando fue presidente del Congreso contrató 15 guardias personales. Hizo firmar a cada uno un contrato de trabajo por Q8,000.00 mensuales. A todos les pagaba con fondos del Congreso; pero, a cada uno le entregaba Q2,000.00 y él se apropiaba de los Q6,000.00 mil restantes; de manera que cada mes obtenía Q90,000.00 lo cual, multiplicado por 12 meses, alcanza la cantidad de Q1.080.000.00.

El Congreso ya cuenta con antecedentes de esa forma de utilizar mal el dinero de los contribuyentes. Un caso es de Q16,000.000.00; otro de Q82.000,000.00. Sin embargo, uno no es menos grave que los otros, pues no es asunto de cantidad, sino de calidad.

De calidad moral, específicamente, y de infracción al espíritu de la ley penal, por la otra.

Quizás por esto el partido político del cual era miembro, lo expulsó. He aquí uno de los primeros reproches morales. Y en la misma línea se encuentran cerca de cien dignatarios y funcionarios y empleados públicos que cruzaron la frontera de lo legalmente permitido.