El próximo domingo estamos, de nuevo, convocados a votar y así sabremos quién deberá tener a su cargo el Organismo Ejecutivo por cuatro años. Un proceso electoral lleno de complicaciones, pero sobre todo un régimen electoral que no despierta confianza para los cambios que el país necesita es la nota dominadora.

Sandra Torres y la UNE representan un gobierno que se gestó con dinero proveniente de fuentes ilícitas y dudosas, mientras que Jimmy Morales y su FCN-Nación, si bien es una figura nueva y su partido jamás ha jugado en las altas posiciones, su círculo fundacional, así como ciertos apoyos recibidos durante este último jalón, espantan a muchos. Una y otro tienen sobre sus espaldas tratar de gobernar a una población cansada de la política como la conocemos, harta de la corrupción y agobiada por la ausencia de propuestas concretas y realizables.

Pero debemos rescatar nuestro deseo por lograr los cambios en paz. El voto, quiérase a no, es en estos momentos la única herramienta con efecto inmediato, y por ello es que la lucha a partir de ahora es concebir un sistema electoral en donde los diputados dejen de llegar en manada y por marcaje de simbolitos. El tema es de fondo, el ciudadano exige una interrelación más clara y aguda con su representante, y a la fecha, nuestros políticos se han hecho de oídos sordos.

Esperemos que Jimmy Morales se haya olvidado de la propuesta baldizoniana de convocar, de forma inmediata en caso llegase a la Presidencia, a una Asamblea Nacional Constituyente para que con cheque en blanco hiciera todo lo que se le diera la gana con la estructura del país. Ojalá esa ocurrencia esté en el olvido y que tanto la UNE como FCN-Nación puedan, gane quien gane, articular verdaderos esfuerzos reformadores en el Congreso.

Tenemos desconfianza con pagar impuestos, porque basta medio leer los periódicos para percatarse de cómo ha funcionado la SAT y por ende las aduanas. Sería ridículo que nuestros próximos gobernantes trataran de presentarnos un nuevo paquete fiscal sin entrarle, como prioridad, a la administración tributaria. Tenemos desconfianza con el IGSS, y miles de patronos y trabajadores han cotizado para que otros se llenen de plata y ejerzan influencias de todo tipo, dejando a un lado el tema de la seguridad social.

Tenemos desconfianza en el sistema de justicia, en donde habituales traficadores de influencias se han movido sin recelo, así las cosas, si bien los procesos penales enderezados contra funcionarios importantes del país son sanos, también es cierto, han mostrado cómo las finanzas públicas se han convertido en botín delincuencial.

El presidente de la República tiene una función constitucional ineludible: administrar la hacienda pública conforme la ley.

Por tanto, esa persona debe generar un marco aceptable de confianza o, en caso contrario, pasaremos oyendo y leyendo oposiciones a toda gestión de gobierno por los próximos cuatro años. El voto exige compromiso, y el primer compromiso debe ser, sobre todo, de una ciudadanía responsable, fiscalizar a quienes arriben a los puestos de dirección del Estado.