La ausencia de una burocracia consolidada, profesional y autónoma, seleccionada con base en su capacidad, idoneidad y honradez, como lo exige el artículo 113 de la Constitución, es una de las manifestaciones más claras de un Estado débil en Guatemala. Una burocracia pública sólida y autónoma es una de las bases de un Estado fuerte y democrático, como lo señala Francis Fukuyama en un notable libro reciente (Political Order and Political Decay). Según él, Prusia, Francia y el Reino Unido lograron establecer ese tipo de burocracia eficaz en el siglo XIX. Estados Unidos solo lo logró a principios del siglo XX, en parte porque la existencia de elecciones antes de contar con un Estado fuerte favoreció el clientelismo: los partidos políticos de la época ordeñaban al Estado para sacarle todo tipo de apoyo para comprar votos y alcanzar objetivos políticos inmediatos. Solo después de más de 40 años de lucha social se logró establecer una burocracia profesional y autónoma. Al no estar sujeta a las presiones inmediatas de los políticos, esta burocracia permitió contener al clientelismo y la corrupción. También favoreció la aplicación de la ley.

La Alianza para la Prosperidad acordada por los gobiernos del Triángulo Norte y Estados Unidos propone fortalecer las instituciones y profesionalizar al servicio civil. Pero el desafío no es técnico, ni legislativo, ni inmediato. Debe ser el resultado de una decidida lucha de fuerzas nacionales, con visión de largo plazo, y partiendo del combate a la corrupción. La larga lucha en Estados Unidos demuestra que no es fácil.

Nuestra historia reciente ilustra los peligros de conformarnos con cambios legislativos sin base social. El Ministerio de Desarrollo Social se creó para evitar que la entrega de efectivo, alimentos y láminas a personas y familias los convirtieran en “clientes” de un “patrón” o “patrona” con ambiciones electorales. Pero en la práctica el nuevo ministerio fue llenado —con raras excepciones— con “clientes” adicionales, conformados por amigos, familiares, correligionarios y simpatizantes de las nuevas autoridades. No solo los programas sociales fueron clientelares; el ministerio en su conjunto asumió una orientación clientelar. Ello se agrega a la conocida ejecución de obras públicas para asegurar recursos no solo para provecho personal, sino también para financiar una campaña electoral costosa y eminentemente clientelar de varios partidos.

Cuando un Estado es fuerte, y cuenta con una burocracia seleccionada de acuerdo con criterios de capacidad, idoneidad y honradez, el clientelismo y la corrupción se reducen. Ello se refuerza si a ese nuevo servicio civil le agregamos un sistema judicial que garantice que realmente vivimos en un estado de Derecho, y se hace respetar la ley. Y al sujetarlo no solo a la ley, sino también a la voluntad de las mayorías aseguramos que ese Estado sea fuerte y democrático. Una nueva ley de servicio civil, con apoyo social, y que realmente garantice la selección de empleados públicos con base en su capacidad, idoneidad y honradez, sería una gran reforma del Estado. Y en este caso no necesitaría una reforma constitucional.

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