Después de 36 años de guerra interna, en 1996 el Estado y la guerrilla reconocieron que las razones estructurales por las que aquella tuvo lugar no habían cambiado, acordando alcanzar un pacto social para resolverlos, firmando los Acuerdos de Paz. Para entonces, habían quedado atrás los gobiernos llegados al poder a través del fraude, pues en 1985 se establecieron regímenes democráticamente electos. Se incrementó la corrupción y la delincuencia organizada; es decir, otros actores participaron del botín que implícitamente significa gobernar como fuente de enriquecimiento.

Eso implicó al Estado soslayar la estructura administrativa por medio de la cual se organiza según el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida”.

A partir de entonces vimos cómo se delegan funciones ejecutivas en instancias ajenas. Diputados que desde el organismo Legislativo ejecutan obra pública por medio de las ONG y empresas constructoras, propias o ajenas, que con el apoyo de otras estructuras administrativas desvían fondos públicos, particularmente municipales. De igual manera, el organismo Ejecutivo y los ministerios de Estado definidos por los artículos 193 al 202 de la Constitución, dejan de hacer su labor, delegándola en empresas privadas.

El pretexto, que el Estado es ineficiente en su ejecución, en tanto que la iniciativa privada es lo contrario. Ese argumento no deja de ser falaz, pues en la mayoría de los casos las obras no responden a una necesidad sentida o planificación en términos del interés común y beneficio para el país; tampoco hay estricta supervisión de los trabajos, y los precios a los que se hacen normalmente sobrepasan su costo real.

En el 2010, el Estado oficializó su incapacidad delegando la obra pública en empresas privadas mediante un decreto del Congreso. Este creó la Agencia Nacional de Alianzas Público-Privadas como una institución estatal descentralizada que se financia con aportaciones del gobierno central. A su amparo, algunos empresarios han incursionado en proyectos de inversión en el ámbito turístico, inmobiliario y generación de energía eléctrica. Los proyectos turísticos e inmobiliarios suelen estar vinculados con el patrimonio cultural y natural, lo que requiere investigar, planificar y acatar la ley, a fin de no poner en riesgo ciudades históricas como Quetzaltenango, Flores, Antigua Guatemala o conjuntos como el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.

En este último, por ejemplo, la realización del proyecto anunciado como Centro Administrativo de Gobierno provocará, al menos, que pierda su categoría de Patrimonio Nacional. Atenerse a su planificación y una simple consulta a sus creadores sobre los criterios de diseño hubiera sido útil a fin de no provocar innecesarias amenazas, sobre todo teniendo el privilegio de contar con dos de ellos, vivos y dispuestos a aportar su conocimiento, como son los arquitectos Carlos Haeussler Uribio y Jorge Montes Córdoba.

jmmaganajuarez@gmail.com