He perdido memoria de las veces que este escribiente y otros muchos periodistas, editorialistas, analistas políticos, etcétera, hemos demandado al Congreso de la República la aprobación de las leyes de trascendencia e importancia crítica para asegurar la gobernabilidad y traer respiro y transparencia a la gestión pública y administración de la justicia.

Se les pidió, y no lo hicieron, que aprobaran las reformas a Ley de Partidos Políticos para bajar los incentivos perversos de la politiquería, rebajando el número de diputados y el abuso del poder legislativo para manipular las aprobaciones y las contrataciones de la cosa pública. Y otras muchas e importantes reformas de sus articulados entre los cuales destaca el fortalecimiento del Tribunal Supremo otorgándole más garra política para sancionar, la imposición de techos a los gastos de campaña, el acceso a los medios de comunicación en forma equitativa, para evitar la influencia de los inversionistas y el pago de “favores”.

Se les pidió, y no lo hicieron, la aprobación de la Ley de Servicio Civil para elevar el nivel de eficiencia y efectividad de la administración pública, al profesionalizar la burocracia por la vía de un sistema meritocrático que premie el buen desempeño y la preparación académica. Todo lo cual hubiese redundado no solo en un mejor servicio a la ciudadanía sino en un ahorro de recursos horas/hombre, evitando los incentivos que promueven la corrupción, sino algo trascendente, evitar que el partido entrante, cada cuatro años, le pague con “huesos” del Estado a decenas de miles de sus correligionarios quienes han probado ser unos verdaderos esquilmadores del erario público. Ladrones en su acepción más pura y estricta.

De la mano también están las reformas a la Ley de Contrataciones, la cual ha sido sistemáticamente violada con una desfachatez e indecencia tal que no tiene parangón en la historia de este país, vendiendo a mil lo que cuesta 10. Y para mientras, ganando los peores lugares de la desnutrición infantil, pobreza extrema y demás indicadores humanos a nivel mundial. O sea buenos para lo malo, malo para lo bueno.

Esa ha sido la tónica de los legisladores con sus honrosas excepciones a lo largo de varias administraciones en cuanto a su responsabilidad de la crisis que vivimos.

Y esto es lo que nos tiene hartos a los guatemaltecos. Ese cinismo de creer que todo puede continuar como si nada hubiera pasado haciendo cambios cosméticos, cuando el pueblo demanda una reforma del Estado pero apegada al marco constitucional.

Con solo estas leyes que en los próximos meses aprobara el Congreso, bajaría grandemente la presión pública. Que quede escrito entonces “que el enemigo público es la corrupción y quien la combata, un héroe”.

Y ya que los “tres” poderes están cooptados por la podredumbre, que la Cicig continúe su investigación pero totalmente empoderada. Fui un crítico de la Cicig porque se había dedicado a otros menesteres durante siete años, pero ahora que ha cambiado su enfoque, amplíesele el mandato de manera que pueda investigar, detectar y eliminar las redes de corrupción a todo nivel. Hasta que nos podamos parar solos….

Tenemos un nuevo vicepresidente dispuesto a “cumplir con su mandato constitucional”. ¿Cuál será el mensaje del rector de la Usac en la manifestación del próximo sábado? Su posición será un indicador para detectar para dónde agarrará el humo, y si este será blanco o será negro…

alfredkalt@gmail.com