El poder destructor de la corrupción puede sorprender. Gracias a la Cicig, al Ministerio Público y a la prensa sabemos que la corrupción no implica solamente el robo sino también, como en el caso del IGSS, la muerte de personas mal atendidas por un Estado que se cae a pedazos. La vorágine destructora de la corrupción también se extendió a los representantes de la Junta Directiva del IGSS, no necesariamente por corruptos sino porque aparentemente tomaron decisiones de manera ligera, sin suficiente asesoría o con poco rigor. Han sido golpeados, quizás injustamente, por esta inmensa y casi indetenible ola de corrupción que parece haber invadido todos los rincones del Estado y que al mismo tiempo lo destruye. Vemos cómo el poder judicial, de por sí débil, también es salpicado por la corrupción: lo ilustra los contactos de los jefes de La Línea con ciertos jueces. Y sabemos de la histórica y creciente simbiosis de la política y de los negocios en el Congreso desde hace tiempo.

El presidente y otros actores como el Cacif pensaron que la renuncia de la vicepresidenta, junto con acciones puntuales para detener la corrupción, sería suficiente para detener le inestabilidad. No lo lograron. Tuvieron que salir cuatro ministros, incluyendo dos renuncias del ministro de energía en menos de una semana. Es una depuración descalabrada. El riesgo país aumenta. Es la agonía del gobierno. El barco se hunde: se tira por la borda lo más descompuesto para seguir flotando.

La salida de Baldetti, López Bonilla y Rodríguez, junto con la renuncia de Sinibaldi, es una prueba categórica del absoluto fracaso y de la muerte del proyecto PP. Es un avance. Pero no hay que dejarse engañar por falsas soluciones. La depuración descalabrada no equivale a un gobierno de transición. Y la vigencia de la actual ley electoral y de partidos políticos permite que se mantenga el predominio de los partidos tradicionales, financieramente más fuertes. Significa que el dinero y no el voto es lo que manda, y nos coloca ante el peligro de que en las elecciones de septiembre y noviembre se termine por elegir a otra cleptocracia. Las elecciones serían un callejón sin salida.

Hay que ampliar los espacios para que el descontento popular encuentre expresiones políticas que los represente en las elecciones. Ello pasa por la constitución de un gobierno provisional, que junto con los ciudadanos comience a definir la salida de la crisis y que abra espacios para que de manera legítima se exprese el descontento ciudadano: no solo en manifestaciones sino en la posibilidad de cambiar autoridades y de renovar a la clase política. Entre los cambios requeridos estaría permitir que nuevas expresiones políticas tengan un acceso al mismo número de horas de televisión que los partidos ya establecidos y restringir el acceso a financiamiento privado. Pero no basta con modificar la ley electoral y de partidos políticos para que dentro de cuatro años puedan darse elecciones más justas. Cuatro años con una nueva cleptocracia equivale a darle un carácter permanente a la corrupción. Urge un gobierno provisional y audacia para identificar los grandes problemas y resolverlos ahora.

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