Jerry Pournelle es un escritor de ciencia ficción, ensayista y periodista; se le conoce por la Ley de hierro de la burocracia de Pournelle. Esta ley establece que en cualquier organización burocrática habrá dos clases de personas: aquellos que trabajan por alcanzar los objetivos de la organización, y aquellos que trabajan por la organización como tal. Un ejemplo en la educación pública serían los maestros que se sacrifican y trabajan por educar a los estudiantes, en contraposición a los jefes sindicales, que trabajan para obtener privilegios y proteger a los más incompetentes. La ley de hierro de Pournelle propone que, en todos los casos, el segundo tipo de personas tomarán control y determinarán las reglas bajo las cuales funciona la organización. Otra forma de enunciar esta ley es que en cualquier burocracia las personas dedicadas a beneficiar a la burocracia en sí siempre toman el control, y aquellos dedicados a los fines que la burocracia supuestamente persigue son cada vez menos influyentes y pueden ser totalmente desplazados.

Una reciente maniobra del Congreso me ha traído a la memoria la Ley de hierro de la burocracia de Pournelle.

En el período 2012-2015, el Tribunal Supremo Electoral pagó cerca de Q88 millones a los partidos políticos, a razón de Q22 millones anuales por cuatro años, por la llamada “deuda política”, derivada de las elecciones generales de 2011. De acuerdo con la ley, cada partido recibe dos dólares (US$2) por voto. De esta suerte, el Partido Patriota recibió Q18.8 millones; Libertad Democrática Renovada, Q11.9 millones; Creo, Q8.6 millones, y así continúa la lista de los pagos sufragados con los impuestos de los contribuyentes.

La deuda política por las elecciones del pasado 6 de septiembre le redituará al FCN Q18.2 millones; a la UNE, Q14.9 millones, y a Líder, Q14.8 millones, y así para abajo, con US$2 por voto para los partidos que hayan obtenido al menos 5% de los votos, o al menos una diputación al Congreso. La cuenta para los contribuyentes, por concepto de la deuda política, será de unos Q90 millones.

Son varias las organizaciones, organismos multilaterales, embajadas y ONG que han estado “exigiendo” que el Congreso apruebe las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). El contenido de estas reformas ha causado mucha controversia, especialmente en relación a establecer cuotas por género y etnia, y que mantiene el sistema de listados de diputados, que lejos de abrir el espacio democrático, fortalecen el dominio de la partidocracia.

El pasado 2 de octubre, el Congreso aprobó con 124 votos enviar a la Corte de Constitucionalidad la iniciativa que contiene las reformas a la LEPP. En lo que puede calificarse como una maniobra audaz, dicha iniciativa aumenta la deuda política a US$10 por voto, que multiplica por cinco el pago vigente de US$2. Han multiplicado por cinco lo que los contribuyentes deberán pagar a los partidos. Otra modificación pretende frenar el llamado “transfuguismo”, desincentivando que diputados y concejales se cambien de partido. Con estas modificaciones, el Congreso pone de manifiesto su apoyo al fortalecimiento de la partidocracia.

El financiamiento de las campañas políticas y los partidos con el dinero de los contribuyentes es una caja de Pandora. No va a resolver el problema de las contribuciones “privadas” poco transparentes y de origen oscuro. Le agrega otro saco de gasto improductivo a la carga que llevan los contribuyentes. Claro que a la clase política le encanta.

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