Cuando se piensa en “seguridad privada”, inmediatamente viene a la mente la imagen de ese guardia que vela la puerta de un banco, un edificio, un condominio. Sin embargo, detrás de esas dos palabritas hay todo un mundo del cual la ciudadanía en general sabemos muy poco, a pesar del papel enorme que juegan estos servicios en la “protección” de nuestros bienes y nuestras vidas.

El término describe una amplia gama de servicios proporcionados a la población por empresas con fines de lucro: vigilantes y guardias (armados y no armados), patrullas, escoltas, vehículos blindados, transporte de valores y mercancías, por citar algunos. Su lógica responde a la de cualquier otro mercado: a mayor inseguridad, mayor oferta de servicios de este tipo se puede encontrar.

En Centroamérica, es Guatemala el país donde el negocio de la “seguridad privada” es el más boyante. Según un reporte de la revista Summa, basado en datos de la Federación Panamericana del ramo, hay 312 empresas registradas oficialmente en el país, que emplean unas cien mil personas. Representa un mercado de cerca de US$460 millones anuales. Casi un tercio del total de recursos generados en toda la región por esta actividad económica.

No obstante, es un mercado cautivo de pocas empresas, lo cual tiene importantes implicaciones en la manera en que se gestiona la relación de estas empresas con la ciudadanía y con el Estado. Solo en Nicaragua y en Panamá hay menos empresas de seguridad privada que en Guatemala (312), comprensible si se considera el tamaño de la población, y su papel relativamente marginal en la política pública y en el mercado, medido por el volumen de recursos que genera. En contraste, en países con problemas similares o mayores como Honduras, hay 706 empresas para un mercado de US$200 millones y una población la mitad del tamaño que la de Guatemala; en El Salvador se reportan 404 empresas para un mercado de US$300 millones y una población de seis millones de personas. Es decir, mercados y poblaciones menores, con políticas de seguridad similares, tienen mercados mucho menos concentrados que el de Guatemala.

Otro dato relevante es que Guatemala es también el país de la región donde hay mayor desproporción en la relación de efectivos de que dispone la fuerza policial pública y la privada. Si bien el número de agentes policiales públicos ha venido incrementándose en los últimos dos períodos de gobierno, aun sumando los nuevos agentes de la PNC que el actual piensa dejar (35 mil efectivos), por cada uno habría ya casi tres trabajando en las empresas de seguridad privada del país.

La asimetría se hace más evidente si se comparan los US$460 millones al año que representa este mercado con la asignación de recursos a la Policía Nacional Civil (PNC); no digamos, si se contrasta con el microscópico presupuesto del ente responsable de regular y monitorear los servicios que prestan estas empresas: la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp).

¿En manos de quiénes está nuestra seguridad entonces? Le ponemos mucha atención a la PNC y sus problemas, pero en la práctica, la seguridad privada juega un papel todavía más determinante en nuestras vidas cotidianas. Nos percatamos cuando ocurre un incidente y pretenden salir impunes, sin asumir responsabilidades. Si nos cuesta ejercer como ciudadanos, hagámoslo al menos como consumidores. Infórmese. ¿Conoce la ley 52-2010, que las regula? ¿Denuncia cuando hay problemas? En http://www.digessp.gob.gt/ busque el ícono de “Quejas”. ¡Forcemos al sistema a funcionar!