Producir pobreza es fácil. Solo requiere generar cierto grado de ingobernabilidad y distensión social, un ambiente hostil hacia el sector productivo y una permisividad excesiva hacia acciones violatorias del orden público: toma de carreteras e infraestructura pública, invasiones a la propiedad privada, vociferaciones demandantes de garrote radical por parte de grupos y organizaciones que se abrogan representaciones cuestionables y en algunos casos ilegítimas, planteando las demandas más exóticas y diversas. Sin consecuencias legales, enviando el mensaje que la tiranía de la arbitrariedad priva y que las normativas jurídicas no son de observancia general y para todos, sino con el ya popular y peligroso “depende…” El menú de los “dependes” se ha reproducido peligrosamente como célula cancerosa en todos los organismos del Estado generando quistes de parálisis o, peor aún, reacciones arbitrarias.

Nadie discute el valor del diálogo y la discusión antes de hacer valer el poder coercitivo de la ley. Las manifestaciones del pueblo son legítimas y la misma Constitución garantiza ese derecho. Pero ojo con los “dependes” a la hora de violar el derecho de todos al protestar el derecho de pocos. Pero todo, al final del día, recae en la economía y en el bolsillo de los consumidores. En lo que va del año se han perdido decenas de miles de horas-hombre en los atascos por tomas de carreteras interoceánicas. Los costos de transporte suman: los buques cobran por hora; los productos perecederos, perecen; los costos se acumulan y Guatemala se vuelve menos competitiva: perdemos contratos.

Perdemos empleos. Y así se inicia el círculo perverso de la pobreza, exactamente de manera contraria al círculo virtuoso de la economía cuando se genera riqueza y productividad.

Si unimos ese clima de ingobernabilidad a las fallas de la administración pública para asegurar la prestación de servicios públicos de la forma más expedita y eficiente posible, complicando los procesos, trámites, permisos y todo aquello necesario para producir, léase, un entorno de entorpecer, en vez de facilitar la creación de riqueza, se crea, entonces, la “tormenta perfecta” de la pobreza.

Dos ejemplos: la tramitología absurda burocrática para gestionar una simple licencia de construcción. Un proceso de obligado paso por 13 oficinas públicas: “la Municipalidad de Guatemala extiende los permisos solo si tiene el aval de los ministerios de Ambiente, Cultura y Deportes; Registro General de la Propiedad, Dirección General de Aeronáutica Civil, Inab, Conred, Dirección de Control Territorial y en la comuna capitalina las direcciones de Obras, Centro Histórico, Medio Ambiente y Catastro así como Empagua. El paso por esas oficinas va de dos a seis meses para que emitan un dictamen en el que los desarrolladores o constructores previo debieron presentar planos de todo el proyecto, cartas y documentos específicos, para cada una de las entidades”. El Periódico/17/10/16

Como si los astros se estuvieran confabulando para aumentar ese cáncer burocrático obstaculizador, resulta que en el Congreso están engendrando en secreto –porque no ha habido sesiones públicas para que la sociedad civil se pronuncie— “La Ley de Competencia”, una especie de Frankenstein a imagen y semejanza de técnicos que nunca han pagado una planilla pero dominan el discurso antiempresarial. No hay que ser muy analítico para inferir la salivación que produce el poder convertirse en el “Zar de la competencia” con poderes para “disponer, sancionar, multar, prohibir y desincorporar empresas con amplios poderes discrecionales e intervencionistas”.

Qué bueno que este Zar será una persona proba, no política, no intervencionista, versada en las realidades del libre mercado, con criterio para elevar la competitividad de las empresas coadyuvando para crear una economía más abierta, eficiente y competitiva fundamentada en principios de libertad de empresa y no en disposiciones arbitrarias.

Y por supuesto, el Zar jamás utilizaría sus facultades discrecionales e intervencionistas.

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