Es una muestra de valentía la acción de Mario Taracena, por haber dado a conocer la escandalosa nómina de los empleados del Congreso; aunque esta información no es nueva, en esta oportunidad ha impactado más, por la fuente de donde procede. Seguramente este hecho le traerá problemas con las “mafias” que existen allí. Su coraje debe ser emulado por los funcionarios públicos que acaban de tomar posesión, denunciando la corrupción que encuentren en cada sitio al que vayan.

La pregunta del millón es: ¿Dónde está el contralor general, investigando estos hechos y denunciando ante el MP las anomalías? Hasta ahora, este señor no ha hecho nada más que cantinflear ante los medios. La ciudadanía está indignada porque no hay presupuesto que alcance en un país, si el gremio político ha derrochado a sus anchas los fondos públicos que pudieron haber sido invertidos en salud, educación y seguridad. Es vergonzoso que hasta hoy ningún diputado haya denunciado esta situación abiertamente, lo que los convierte a todos ellos en cómplices de este despilfarro, porque si se corrigiera se acabaría el arca abierta para todos ellos.

¿Cómo puede ser posible que el Congreso destine el 75 por ciento de sus recursos al pago de sueldos? En qué beneficia al pueblo mantener a este elefante blanco funcionando. Esta situación debe terminar de inmediato, es inadmisible y más aún con un país en quiebra. Es terrible que sigan permitiéndose plazas fantasmas, sueldos estratosféricos y tráfico de influencias; no digamos el uso clientelar de las plazas que se utilizan como trueque de favores, que sirven para mantener contentas a las “novias”, amigos y familiares de los diputados. Todas estas prácticas corruptas vinculadas siempre al compadrazgo y el nepotismo del gremio político guatemalteco deben terminar. Ciento cincuenta y ocho diputados, ya de por sí son una cantidad excesiva de personas para una función totalmente estéril e inútil, que no da resultados y además, aunque sean electos popularmente, usted ni los conoce porque son impuestos por los partidos políticos, y no electos por usted con nombre y apellido, por su capacidad y honores. Encima de que no hacen nada por el bienestar del pueblo, más que enriquecerse a costa nuestra; hay que pagarles dietas, carros, viajes, secretarias, conserjes, asistentes, etcétera. ¡Basta!

El primer paso ya está dado. Taracena abrió una puerta para iniciar investigaciones, y es plausible su actitud, aunque seguramente detrás de esta declaración hay intenciones ocultas que posiblemente se conocerán muy pronto. Esto no le quita su mérito y valor. Por ahora, debe aprovecharse esta coyuntura para corregir los problemas de fondo y empezar una depuración en esta institución.

Pero más allá de conocer esta información que llora sangre, lo importante es poner un alto a este derroche de recursos y abusos de los diputados, que literalmente no hacen nada, se ausentan cuando les place, llegan tarde, son tránsfugas, y hacen todo lo incorrecto posible sin que nadie los fiscalice. Para poner un freno a todo este desorden, es imprescindible modificar la Ley Orgánica del Congreso y renegociar el pacto colectivo con los trabajadores. Aunque a ellos no les guste, el pueblo tiene todo el derecho de exigir estos cambios urgentes.

El dilema es de qué manera los diputados, quienes carecen de credibilidad, podrían ejecutar las reformas que necesita la Ley Orgánica del Legislativo, de manera justa y sin sesgo, pero de cualquier manera si el pueblo presiona como lo ha hecho hasta ahora y fiscaliza de cerca todo el accionar de esta gente, lo más probable es que se logre depurar.