El Ejército Nacional de Guatemala es una entidad que, como cualquier otra, tiene sus luces y sombras. Y las tendrá hoy y mañana. Y así será también per secula seculorum ad nauseam en la Iglesia, en la prensa, en el Congreso, en Roma, en Washington, en Naciones Unidas, en embajadas y hasta en los tribunales de justicia.

Todo militar, cura, pastor, guerrillero, periodista, diputado, presidente o juez, deben ser juzgados si cometen actos fuera de la ley. Pero debe hacerse cumpliendo con estricto apego a derecho y normas constitucionales. “Toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo e imparcial dentro del proceso; a la oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación del debido proceso e incumple el mandato de la ley”.

Aclarado esto, para que no salgan por ahí argumentos cargados de sesgos y generalizaciones siniestras, señalo que los juicios contra los militares por supuestos delitos y crímenes cometidos 34 años atrás debe ser llevado con cuidado, como si estuviesen con vestimentas blancas deambulando en una mina de carbón: con precisión, con objetividad, con transparencia, con imparcialidad y respetando el debido proceso y las normas procesales.

Nos preguntamos entonces muchos: ¿No es elemental que los jueces a cargo de un juicio sean idóneos e imparciales? ¿Acaso no son estos los más preparados y habilitados para impartir justicia? Empero, si son estos mismos los que la violan, todo se derrumba, se genera repulsa y se defrauda a los procesados y a la sociedad. La idoneidad de un juez no solo es la aptitud, sino la actitud. Indiferente a las monstruosidades que se les están acusando por delitos supuestamente cometidos hace tanto tiempo, ¿por qué 34 años después? ¿Cuándo el resguardo de la prueba es casi nulo y los testimonios, vulnerables a manipulaciones ideológicas y a incentivos perversos?

Los imputados tienen derecho a una juez imparcial y está plenamente comprobada la inclinación insana de la juez Yassmin Barrios en contra del Ejército. Fue muy criticada por muchos durante el proceso de Ríos Montt. ¿Por qué una juez que desobedeció la orden de una corte superior, de suspender un juicio —y prosiguió cometiendo el delito de prevaricato—, no fue removida “in limine” de su cargo y enfrentada ella misma con la ley? El magistrado Crisóstomo Barrientos, a cargo de la Cámara Penal en ese entonces —y con igual tendencia ideológica— no hizo nada. Y en al ámbito internacional recibió condecoraciones de la primera dama estadounidense y de Hillary Clinton. Hoy, Yassmin Barrios es la jueza a cargo de juicio Sepur Zarco. Una juez con ese historial no debería presidir otro juicio contra militares.

¿Por qué embajadores en primera fila, presionando con su sola presencia a los jueces a favor de un veredicto abiertamente en contra? ¿Abona esto a un juicio imparcial y justo? ¿O por el contrario, hace uso indebido de la presión diplomática? ¿Se puede colegir que se está juzgando a unos animales depravados y asesinos, y “aquí estamos nosotros para asegurarnos de que se haga justicia para estas víctimas? ¿Cómo pueden asegurar que no hubo manipulación de los testimonios? ¿Pueden asegurar que los posibles resarcimientos no son incentivos perversos para distorsionar testimonios? En Estados Unidos, su Señoría, a eso se le llama “duda razonable”.

¿Pueden sus Excelencias, asegurar que todos estos juicios contra los militares no contienen una concertada estrategia política con un fuerte componente ideológico?

Tiren la primera piedra pues…