Cada vez vemos con mayor frecuencia los ataques de las organizaciones ambientalistas a empresas con gran capacidad económica, dejando por un lado a los mayores contaminantes, a los que de plano saben que no les podrán sacar ni un centavo o que, por ello, no vienen donaciones millonarias.

Si observamos el caso de las empresas mineras e hidroeléctricas, nos damos cuenta de que hacia ellos se han apuntado las baterías, llegando inclusive a influir en jueces venales y faltos de personalidad y, por qué no decirlo, un Ministerio Público sesgado y parcial.

Esta semana nos enteramos de la captura del gerente de la Mina San Rafael. El Ministerio Público, muy oficioso, ordenó el arresto domiciliario y el pago de un fianza para el ejecutivo, hasta que no se tuviera el resultado de unas muestras. Dicha resolución no les pareció a los ecologistas de Calas y “ordenaron” al juez dictar una orden de captura, a lo que el juez suplente del Juzgado de Primera Instancia de Cuilapa, en Santa Rosa, accedió.

Es la primera vez en la historia jurídica del país que un juez desoye la resolución del Ministerio Público y accede a una “orden” del querellante.

El fallo del juez es exagerado e improcedente, no es consistente con lo que la legislación guatemalteca establece al respecto…

Los ambientalistas andan tomando muestra en lugares alejados de las minas, cuencas que ya sufrieron la contaminación por terceros y después, según análisis manipulados, culpan a las mineras, contraviniendo el Reglamento de Descargas y Reúso de Aguas Residuales y la Disposición de Lodos, en el cual se establece que la toma de muestras deberá ser únicamente donde se encuentra el dispositivo para tal propósito.

Por supuesto, Calas, como muchos otros recipiendarios de la ayuda internacional, no toman muestras de los afluentes municipales, residenciales e industriales que son los mayores contaminantes, con algunas raras excepciones.

Vemos la pasividad en el actuar de estas organizaciones dizque ambientalistas ante la contaminación que causa el humo de vehículos, de la basura, de las contaminaciones visual y auditiva, de la tala ilegal. Aquí sí no le entran, allí no hay plata.

Lo inaudito es que un juez se base en declaraciones que, en su mayoría, son mentiras. Las mineras que operan en el país aún no habían dado el primer piochazo cuando ya los ambientalistas estaban diciendo que ya estaban contaminando.

La prisión para el funcionario de la mina, por contaminación industrial, es algo inédito, pues aquí ya muchos deberían estar en la cárcel si los encargados del medio ambiente cumplieran con su obligación. Amatitlán es el monumento a la indolencia. Allí se refleja la irresponsabilidad de los contaminadores, y más aún la de los encargados de controlarlos.

No hemos visto las propuestas de los ambientalistas para reducir la contaminación de ríos y lagos, como tampoco hemos visto aportes de sus millonarias donaciones extranjeras para mitigar el flagelo de la contaminación.

Los alcaldes, ya sabemos, no tienen interés en el tema. Eso no les da la plata que dan los contratos de carreteras, edificios y otras obras más lucrativas, como ponerle trabas a una minera o a una hidro. Vimos cómo se formó la Mancomunidad de Alcaldías de la Cuenca del Lago de Amatitlán. ¿Y qué han hecho? ¡Nada en absoluto!

Pero volviendo al tema de las minas, nos parece increíble que un juez se preste a violar la ley por presiones de un ambientalista, a no ser que las presiones económicas lo obliguen a fallar contra derecho.

En fin, si hasta los jefes de la SAT estaban en la red, no nos extrañe nada.

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