La conflictividad generada con la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos en regiones con población mayoritariamente indígena ha ido en aumento. En primer lugar, porque las licencias se han otorgado sin que haya existido una consulta previa, libre e informada, y en segundo porque después de que las consultas se han realizado, sus resultados no han sido respetados.

En la mayoría de los casos, las empresas han utilizado como estrategia la criminalización de los líderes e integrantes de los movimientos de resistencia. A las campañas de desinformación y descrédito, articuladas a través de varios medios de comunicación, hay que sumar las denuncias legales que tienen como objetivo central encarcelar a los comunitarios más visibles, desincentivar la participación y romper el tejido social.

Así de claro lo dice la sentencia dictada por el Tribunal A de Mayor Riesgo en el caso de las autoridades ancestrales de Huehuetenango, en la que se lee: “Se ha utilizado el derecho penal como herramienta de criminalización”.

El común denominador ha sido la connivencia entre funcionarios y personeros de las empresas. Un buen ejemplo son los estados de Excepción decretados por los distintos gobiernos en contra de las poblaciones que se oponen a los megaproyectos. La restricción de las garantías constitucionales ha ocasionado numerosas violaciones a los derechos humanos y ha colocado en condición de enorme vulnerabilidad a las comunidades. En lugar de proteger a los ciudadanos, la institucionalidad estatal ha optado por salvaguardar los intereses de las empresas, utilizando a la policía y al ejército como fuerza de choque contra los comunitarios. La guinda en el pastel es el accionar de algunos fiscales y jueces que se han prestado a dar trámite a denuncias espurias que han dejado en la cárcel por tiempo indefinido a decenas de personas, aun cuando no hay delitos que perseguir.

El episodio más reciente de esta criminalización es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite al antejuicio presentado contra el diputado Amílcar Pop Ac, abogado q’eqchi’ y miembro del partido Winaq, quien ha acompañado a varias de las comunidades en su legítimo reclamo porque se respeten sus derechos colectivos.

En el medio de los procesos que se tramitan por señalamientos de corrupción contra varios legisladores se aprovechó la ocasión para acusar al diputado Pop en clara represalia por el trabajo que ha venido realizando a favor de los pueblos y comunidades —indígenas o no— opuestas a los megaproyectos. Se le señala de haber impedido la captura de dos pobladores de San Juan Sacatepéquez que regresaban en un bus —junto a numerosas familias de la localidad— después de participar en la manifestación pacífica del 13/6/2015.

Según consta en el acta notarial y en el informe de la PDH, al lugar llegaron, además del diputado, la procuradora adjunta de Derechos Humanos y representantes de varias organizaciones sociales y estudiantiles. Luego de cinco horas de negociación, el entonces director de la PNC, Walter Vásquez, decidió que el bus continuara su marcha, “por razones humanitarias y para resguardar la integridad de mujeres y niños”. Nada dice de la supuesta obstrucción a la justicia por parte de Pop.

En este país se paga cara la osadía de enfrentarse al poder económico y una vez más lo estamos viendo con esta resolución de la CSJ, que carece de sustento y es más bien una advertencia de lo que le espera a quien se anime a desafiar al gran capital y a cuestionar ese dizque modelo de desarrollo que quieren imponer a fuerza de criminalización, violencia y persecución.

@MarielosMonzon