Hay empresas privadas,  instituciones públicas,  analistas profesionales, y políticos  también, dedicados a examinar  vida, virtudes, defectos, aciertos  y  errores de los gobernantes  en todas partes del mundo, y unas veces concluyen elogiándolos  como a José Mujica, del Uruguay, y Jimmy Carter, de los Estados  Unidos, o terminan denostándolos como  sucede con los gobernantes  de media docena de países latinoamericanos.

Un tema de interés permanente es si durante la gestión pública los presidentes, primeros ministros y otros funcionarios de alto rango se comportan con honradez, pulcritud y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas oficiales, en el manejo de los fondos públicos, y hasta en sus relaciones personales, sentimentales o en sus aventuras sexuales.

Estos días, como consecuencia del descubrimiento periodístico según el cual el Ministerio de la Defensa otorgó al presidente de la República un bono mensual de cincuenta mil quetzales (Q50,000.00), equivalentes a US$6,811.00, se ha alborotado el cotarro político. Y no es para menos. Ese bono equivale al sueldo de los presidentes de El Salvador y Nicaragua juntos. De manera que si se suman sueldo y bono, el presidente guatemalteco recibía mensualmente, hasta septiembre pasado, Q190.988.00, cantidad que lo colocaba, ciertamente, como uno de los mandatarios mejor pagados a nivel mundial.

Ha hecho muy bien al devolver el dinero recibido en concepto de bono y necesario es apuntar que el sueldo actual del presidente fue establecido en períodos anteriores (Otto Pérez Molina y Álvaro Colom). Es, por lo tanto, un derecho heredado administrativamente. Y al sueldo legalmente autorizado, sin el bono, se le deben añadir los valores de residencia, servidumbre, automóviles, gasolina, agua potable, energía eléctrica, guardaespaldas y pilotos, todo totalmente gratis, por lo que recibe —en cuatro años del período presidencial— unos diez millones de quetzales (Q10.000.000.00) o más, legalmente obtenidos y libres de reparos contables. Pero, lo que algunos comentaristas foráneos desconocen es que en períodos anteriores varios presidentes obtuvieron ilegalmente dinero de fuentes externas, cheques de un Gobierno extranjero, de grandes empresarios que financian campañas electorales, sobornos por cada contrato autorizado y millones de la deuda política tasada a razón de 16 quetzales por cada voto recibido.

Hace algunos años, como periodista, tuve en mis manos el testimonio de una escritura pública de reconocimiento de deuda, por la que un partido político —ahora inexistente por haber sido cancelado— se obligaba a entregar a una empresa propiedad de su máximo líder todo el dinero que recibiría por los votos a obtener en las elecciones próximas, hecho que originó el primer intento de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En conclusión: todo presidente guatemalteco puede salir millonario al terminar su período constitucional, sin necesidad de tomar un quetzal más de lo que legalmente le corresponde como trabajador del Estado. Ahora bien, ¿la conquista de la Presidencia de la República tiene como uno de sus fines hacer fortuna personal o acrecer la que se tiene? No, desde luego. El presidente es elegido para que por su medio el Estado, entre otras cosas, resuelva bien los grandes problemas de la población y satisfaga las necesidades colectivas. Ni en la Constitución ni en ningún texto político se admite que los cargos públicos sirvan para enriquecimiento de quienes los desempeñan.