En 1981, el Gobierno chileno, presidido por Augusto Pinochet, privatizó el sistema de previsión y seguridad social, que favorecía a millones de trabajadores. La reforma afectó a casi todos, menos a los de las fuerzas armadas, que por entonces sostenían a la dictadura. ¿Por qué se hizo esta excepción? Porque el viejo sistema solidario era mejor para ellos.

Uno de los programas perjudicados fue el que cubría las prestaciones por vejez, invalidez y supervivencia; manto protector de los jubilados, muchos de ellos ancianos.

La reforma fue fundamentada en teorías económicas originadas en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, según las cuales la libertad económica es condición esencial tanto de un mercado libre como de la libertad política en general.

Se atribuye Milton Friedman la paternidad de la teoría del mercado libre. Sus biógrafos lo presentan como el político y académico que proclamó como indispensable la abolición del sistema de seguridad social y el salario mínimo; ideas pronto acogidas por gobiernos latinoamericanos; no así en los Estados Unidos, donde la seguridad social y el salario mínimo continúan vivos y disfrutan de muy buena salud.

La administración Pinochet entregó el sistema como regalo a hombres de negocios que organizaron inmediatamente empresas administradoras de los fondos de pensión (AFP); y la previsión y la seguridad social fueron convertidas en una industria que les produjo ganancias fabulosas. Parte de las cuotas pagadas fue a parar a cuentas bancarias de los dueños de seis sociedades anónimas, dedicadas fundamentalmente a obtener ganancias.

Tres décadas después, la autoridad chilena competente llegó a la conclusión de que la previsión y la seguridad social deberían retornar a la administración del Estado. “Cuando se diseñó este sistema de pensiones —ha reconocido uno de los antiguos partidarios de la privatización—, lo que se buscaba era que las personas se pudieran jubilar con una pensión equivalente al 70 por ciento de los sueldos de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo. Las personas están jubilando en promedio con una jubilación que es aproximadamente la mitad de su sueldo y, por lo tanto, cuando jubilan experimentan una fuerte caída en su condición socioeconómica”. Pero, analistas independientes afirman que las pensiones apenas llegan a la tercera parte del sueldo. “Son unas pensiones miserables”, dicen y La Nación opinó en septiembre de 2008 que “Las AFP muestran, una vez más, que no son una buena respuesta a las necesidades de los chilenos y del país”.

Pues, ese sistema de mayor enriquecimiento de unos pocos es lo que estos días se quiere copiar en Guatemala y para eso en el Congreso de la República se desarrollan audiencias públicas como paso previo para implantarlo. Por supuesto que el deseo privatizador salta a la vista y las audiencias son una forma de aparentar que se ha escuchado a todos los sectores interesados, cuando se presume que el fenomenal negocio está a la vuelta de la esquina. Basta echar un vistazo al rico patrimonio del IGSS. Tiene las siguientes deudas, todas cobrables: el Estado como tal le debe Q28,935,335,859 y como patrono Q2,956,633,132. El sector privado, Q1,434,862,729. Las municipalidades, Q1,044,670,499 y las entidades autónomas y descentralizadas, Q394,093,265. Todo lo cual suma Q34,765,595,484. Y tiene reservas, depósitos en los bancos, de Q17,513,61 millones.

En total el IGSS posee —en efectivo y en deudas por cobrar— más de cincuenta y dos mil millones de quetzales. Se trata de un patrimonio que pertenece, por virtud de la ley, a los trabajadores, y se le debe agregar el valor de los bienes raíces, más el de la organización del sistema. ¿No constituye entonces la privatización un negocio lucrativo de enormes proporciones?

Y todo indica que la mesa está servida.