Hace tres días murieron dos policías en un correccional, a manos de hombres jóvenes en conflicto con la ley penal. Esto se hizo acompañar de los ataques de una mara a varias comisarías, que nos recordaron viejos mecanismos de desestabilización y terror. Hace dos días, dos cuerpos de mujeres aparecieron descuartizados en una carretera, a pocos kilómetros de la capital. Una semana antes entraron supuestamente a robar a la casa de Concha Marina Deras, de 87 años, y le fracturaron a golpes el cráneo y el rostro. Está muerta. Eso y más hace que la gente empiece a olvidar que 40 adolescentes víctimas de abandono, violencias y delitos murieron calcinadas apenas hace dos semanas en un hogar de abrigo y protección del Estado.

No se puede con tanto, y la memoria elige qué recordar. Hay demasiado que procesar cada día en este lugar que no da tregua, y los mecanismos de protección se activan para salvarnos de la locura. Cotidianamente, una nueva tragedia nos enluta, y si leemos bien la realidad de una inmensa mayoría, no solo hablamos de la falta de seguridad física, sino de la ausencia de seguridad jurídica, alimentaria, humana, de todas las seguridades. ¿Hay que voltear, a la fuerza, la conciencia hacia otra parte?

Guatemala no es un país, no es nación, no es Estado, aunque territorialmente esté definido como uno. Ni el poder constituyente reside en su ciudadanía —dimensión jurídico-política—, ni somos una comunidad humana con características dotadas de sentido ético-político —dimensión socio-ideológica/cultural—. No podemos llamar país a un lugar donde la esperanza se corta de raíz.

La mitad de la niñez menor de cinco años padece desnutrición crónica irreversible; cada día, en promedio, quedan embarazadas entre cien y 150 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años; la mayoría por violaciones cometidas por hombres cercanos a su entorno. No se puede caminar tranquilamente por las calles, y la pobreza alcanza al 74.6% de la población —59.3% en pobreza y 15.3% en pobreza extrema/Encovi 2014—. En el 2016 hubo siete mil 338 denuncias por violencia sexual en personas menores de edad, 221 por trata —subregistro que se multiplica por 30— y 14 mil 698 por maltrato físico (MP). En el mismo periodo hubo 809 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes (NNA), el 90 % de ellas por armas de fuego, más nueve casos de muerte por estrangulación que incluyeron a niños de 0 a 1 año y cuataro mil 903 exámenes forenses relacionados a delitos sexuales (Inacif, 2016). Según datos del Sistema Alerta Alba-Kenneth (2016), de los 6,025 NNA desaparecidos, 3,583 son adolescentes entre 13 y 18 años, la mayoría mujeres. Siguen sin aparecer 2,340.

¿Qué hacer? Esto no se arregla regalando o vendiendo niños y niñas. Se trata de algo tan básico como amarlos y cuidarlos. Hay que poner en el centro de todas las agendas políticas, económicas y sociales a la niñez y la adolescencia. No como un pacto de partidos, sino como un pacto de nación. Medidas de emergencia: poner en el centro del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia el enfoque de derechos, no uno punitivo, tutelar o asistencialista. Reorientar el gasto público dirigido a la niñez y adolescencia, con énfasis en prevención, protección y reintegración social en casos de institucionalización. Contar con mejores leyes y con instituciones sólidas que coordinen entre sí y con la sociedad civil, para darle vida a un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y a una Política Pública de Protección Integral, con todo y su plan de acción, dotado de presupuesto. La niñez es hoy, como dijo Gabriela Mistral. O nunca seremos país.

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