A finales del Siglo XVII, la Escuela Liberal difundió el principio de la incompetencia del Estado para actuar en la vida económica, porque estimó que al Estado, ente jurídico, le faltaba el motor del interés individual, único móvil que, a su juicio, era capaz de producir una actividad óptima. Y presentó pruebas de cómo el Estado en su intervención económica alcanzaba resultados muy inferiores a los que es capaz de alcanzar el esfuerzo individual.

Sobre estas ideas, con estos argumentos y con los fracasos evidentes que el Estado de Guatemala ha mostrado en las últimas décadas —por la corrupción inveterada de muchos de los últimos gobernantes, y que alcanzó el top de la corrupción durante el anterior período de gobierno del Partido Patriota—, muchos piensan en la incompetencia del sector público como algo que es inherente del Estado e incuestionable.

A mi juicio, el problema se plantea mal porque se parte del principio de que el Estado es un ente estático, que no evoluciona según las necesidades que debe afrontar. La realidad es que el Estado puede evolucionar y transformarse, y eso es, precisamente, lo que la ciudadanía espera del actual gobierno después de su primer año de noviciado: que con una adecuada organización —obviamente no comprometida con intereses espurios ni nepotismo ni compromisos por amistad—, pueda adaptarse a las nuevas condiciones históricas, económicas y sociales que estamos viviendo a partir de abril del 2015.

En consecuencia, el problema debe plantearse sobre esta base: ¿es necesario que el Estado intervenga en la vida económica?, ¿es posible dejar entregada una economía nacional al libre juego de los intereses individuales? La experiencia en otras naciones ha demostrado que la acertada actuación del Estado es absolutamente indispensable, pues es la única entidad con el peso suficiente para imponer fórmulas de solución. Adecuadas, por supuesto. Inspiradas en el logro del bien común a partir de las capacidades unidas de todos los recursos con los que cuenta el país.

Una crisis representa para la ciudadanía, desde el punto de vista de su simple manera de vivir, un descenso sumamente apreciable en sus posibilidades de subsistir. El desempleo puede ser el inicio de una de esas crisis, capaz de generar otros conflictos de gran trascendencia nacional.

Si entendemos que el Estado somos todos nosotros y no una entidad ajena, bien podemos comprender y aceptar la intervención del Estado. Y más aún, entenderla como necesaria en la vida económica, y aun deseable para muchos. Lo que procede es dotar al Estado —es decir, a nosotros mismos— de los organismos necesarios para poder actuar con precisión y con el máximo de eficiencia. Un órgano que parece necesario para estos propósitos es un Consejo de Estado, integrado por personas de reconocida capacidad, sin intereses gremiales, que permita actuar a partir de mayores consensos.

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