Dentro de los objetivos del embajador Arreaga está también el Plan de la Alianza para la Prosperidad entre el Gobierno de Estados Unidos y los gobiernos del triángulo norte de Centroamérica y el interés por atraer inversión y mejorar la certeza jurídica en el país. La seguridad y estabilidad de Centroamérica contribuyen a la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos, al ayudar a asegurar las fronteras estadounidenses y proteger a sus ciudadanos. La participación de los Estados Unidos en Centroamérica tiene el propósito de destruir a las organizaciones criminales transnacionales, combatir el tráfico de drogas y reducir la migración ilegal, así como aumentar la inversión del sector privado para crear empleo y oportunidades económicas en la región. Estados Unidos también reconoce su responsabilidad de abordar la demanda de drogas ilegales que crea un mercado para las organizaciones criminales transnacionales”. Arreaga ha indicado que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) será un eje para los esfuerzos conjuntos contra la corrupción en el país. Esto sirvió de respaldo para el señalamiento del alcalde Arzú, quien ingresa al salón de la conferencia de prensa con un aire prepotente y luego insultó a Velásquez y a Aldana.  Defiende al presidente, quien ya tiene una demanda de antejuicio por no informar las fuentes de financiamiento no identificadas, poniendo en peligro la asistencia para el desarrollo, que se verá reducida.

El Gobierno ahora en tres meses piensa ejecutar más de Q29 mil millones del presupuesto, lo cual no es aprobado por el Congreso. Mientras, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, es incapaz de comprender la gestión en la planificación geoterritorial como parte de un sistema de ordenamiento territorial, por lo que llegó a solicitar al Ejecutivo declarar estado de Calamidad —que finalmente lo retiran—, debido a que el Congreso no lo aprobó. García insistió en que se reportan 11 tramos carreteros con daños, así como 12 puentes, seis ya son atendidos y otros seis están en riesgo. Agregó que se requiere un monto estimado entre “Q185 millones y Q200 millones”, para atender estas emergencias. El presidente Jimmy Morales, con el Congreso en contra, salió a explicar esta situación que enfrenta el país por la temporada de lluvias, y dijo “que es difícil disponer de recursos para enfrentar emergencias debido a las leyes que impiden la ejecución presupuestaria”. García aseguró que la red se está destruyendo desde 2016 y 2017, y para reparar el sistema es necesario “contratar empresas” sin políticas de desarrollo regional. Se entienden por políticas de desarrollo urbano regional los planes, programas y proyectos que orienten y normen la funcionalidad y operatividad de las acciones gubernamentales y municipales.

La estructura ministerial se desarticula: Lucrecia Hernández Mack, ministra de Salud, y los viceministros de la cartera que anuncian la salida del Gobierno; Carlos Raúl Morales, quien fue cesado por no aceptar la expulsión por el presidente del jefe de la Cicig, Iván Velásquez. Y en un comunicado conjunto, los ministros de Gobernación, Finanzas y Trabajo, y viceministros, informaron sobre su renuncia derivado de la evolución de la crisis política en Guatemala. Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Humano, Competitividad Local e Infraestructura y de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal. Carlos Barillas, Viceministerio de la Vivienda, y Mynor Melgar, jefe anticorrupción de Salud.

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