La decisión de la mayoría del Congreso de que el Ministerio Público no tenga un Consejo también debiera dar lugar a que la SAT no cuente con un directorio. La existencia del directorio refleja una visión corporativista de la gestión pública y es contraria a la idea de una línea de mando clara. No debiera existir una participación decisiva de gremios e intereses privados en la selección de autoridades o en la implementación de políticas, que es lo que implica el corporativismo. Ante la posibilidad de un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo sobre el tema de la SAT, convendría tener claro que lo que se necesita es una política fiscal unificada y no una política fiscal fragmentada y sujeta a presiones de intereses particulares disfrazados como consejeros técnicos.

Actualmente tenemos un Ministerio de Finanzas que va por un lado y una SAT que va por otro. La autonomía de la SAT y su propia ley de servicio civil no han garantizado la excelencia y no han evitado la corrupción, sino que parecieran más bien haberla reforzado. El directorio de la SAT es un intento por reproducir la experiencia de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, un ejemplo de corporativismo, es decir, de representantes gremiales o sectoriales cuyos intereses no necesariamente coinciden con el bien común.

El Ministerio de Finanzas tiene responsabilidad en relación al gasto y al crédito público, pero su control sobre la gestión de la recaudación es casi nulo. La responsabilidad en relación al conjunto de la política fiscal no está clara. Y hay otros factores que contribuyen a la fragmentación de la política fiscal. Uno es el atributo constitucional de que el Presidente pueda otorgar amnistías de multas por incumplimiento tributario, sobre lo cual no puede hacerse nada ahora. Otro es la intervención directa y nefasta de presidentes anteriores —como O. Pérez— en la gestión de la SAT, aprovechando que el nombramiento del superintendente no depende directamente del ministro sino del directorio y del propio presidente. Si el superintendente de la administración tributaria fuera propuesto por el ministro de Finanzas al Presidente, como ocurre con un viceministro, la línea de mando y la responsabilidad de rendir cuentas ante la política fiscal en su conjunto estarían claras.

El rescate de la administración tributaria de Guatemala requiere acciones adicionales. Incluyen el nombramiento de autoridades capaces y honestas, la introducción de nuevos procedimientos para cruzar información y el fortalecimiento de la fiscalización. Tomará tiempo. Las auditorías que sirvieron para evaluar el comportamiento tributario de Aceros S.A. cubrieron tres años y el proceso judicial tomó más de un año y amenaza con extenderse. Así que con la normalización de la administración tributaria tampoco debiera esperarse que la recaudación aumente inmediatamente.

Una buena reestructuración podría dar un mensaje a los contribuyentes pero también tiene que mejorar la eficacia del gasto público. Los impuestos se pagan a cambio de servicios públicos adecuados. Además, debe quedar claro que la administración tributaria está sujeta a la ley, para que los contribuyentes estén protegidos frente a eventuales abusos. En la medida que se fortalezcan los tribunales y los organismos de control como la Contraloría de Cuentas o el propio Ministerio Público, habrá más garantías de que nadie, ni los administradores de la tributación ni los empresarios, están por encima de la ley. Las intervenciones del Ministerio Público en relación a la SAT ya dieron un claro mensaje.

fuentesknight@yahoo.com