Para los ciudadanos siempre ha sido un misterio cómo se gesta el Presupuesto General de Gastos de la Nación. En principio se asume que cada ministerio y dependencia pública postula sus necesidades y los costos de ejecución que estas requieren, divididas entre funcionamiento —salarios, insumos, alquileres, servicios, etcétera— e inversión, que según la lógica de la mínima eficiencia administrativa debería rondar la relación 40/60, respectivamente. Sin embargo, resulta con que una cosa es la propuesta elevada a la Dirección Técnica del Presupuesto y otra muy diferente lo que el Congreso de la República finalmente aprueba; lo que hace en función de intereses ajenos al origen de la gestión y de las necesidades del país que cada ministerio y dependencia pública está obligada a cubrir. Así, por información publicada recientemente en los medios, sabemos que a la Dirección de Patrimonio Cultural se le quitaron Q21.5 millones, asignados a la Dirección del Deporte del mismo ministerio. Que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia redujo Q30 millones de su presupuesto. Que el Congreso de la República gasta más de Q13.5 millones en alquileres para estacionamientos y oficinas. Que Puerto Quetzal, pese a haber aumentado el volumen de toneladas movilizadas, redujo, en sorprendente proporción, el monto de su ganancia, lo que necesariamente implica malversación en su manejo.

Asunto aparte son los leoninos pactos colectivos que funcionarios venales han autorizado a los sindicatos del Congreso y ministerios de Salud y Educación, que son los hasta ahora dados a conocer, y que sin duda hay más. También está el robo directo e indirecto de insumos, desde papel higiénico, marcadores y lapiceros, medicinas e instrumental quirúrgico, gasolina y herramienta que mantiene en crisis permanente los servicios esenciales. Tales noticias comprueban lo que hasta ahora solo conocíamos por comentarios de boca en boca. El asunto es que esos descabellados gastos en nada benefician la labor del Estado, pero son fuente de enriquecimiento personal para empleados y funcionarios que en indeterminado porcentaje se renuevan cada cuatro años.

Esas reducciones y gastos presupuestados pueden significar mucho o nada, según cómo se les mire. Los Q21.5 millones de la Dirección de Patrimonio Cultural no son el gran qué para el Estado, pero lo son todo para esa entidad. Los Q30 millones reducidos en publicidad de la Presidencia no incidirán en la imagen de las autoridades, ya que esta depende del trabajo real y comprobado, no de propaganda.

Ese ahorro podría transferirse a mejores usos, como la conservación de Antigua Guatemala, patrimonio de la humanidad, de la que el Estado presume pero ignora. Su presupuesto es de Q9.5 millones, que evidentemente es risible. Pero más chusco es que más de Q7.5 millones sean para funcionamiento y el resto para inversión, materiales y suministros, gastos no personales, etcétera. Es decir, mala relación de 79/21 entre funcionamiento e inversión. Eso no tiene sentido, imposibilita cumplir con la Ley Protectora y pone en riesgo ese símbolo de nuestra cultura.

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