Los últimos acontecimientos en el país nos vuelven a confirmar la importancia que tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la necesidad que tenemos en el país de contar con un órgano de investigación independiente para garantizar que algunos casos ante la justicia logren avanzar.

El desfalco de fondos en el Ministerio de la Defensa es un caso específico en mención, pues cinco oficiales del Ejército fueron librados de toda responsabilidad por el Tribunal de Primera Instancia, que inicialmente conoció de la denuncia penal. Y es hasta ahora, con los resultados de la investigación de la Cicig, que la Sala de Apelaciones decide revocar este fallo e iniciar procesos a los cinco acusados.

Este hecho se entiende cuando se conoce que uno de los sindicados es el general Ríos Sosa, hijo del general Ríos Montt, a quien el sistema de justicia y la élite guatemalteca se niegan a juzgar hasta el final por el delito de genocidio con la Corte de Constitucionalidad anulando el fallo del tribunal de sentencia que lo condenaba y ordenando una repetición de la etapa final.

Este hecho ha retrasado injustificadamente el proceso por dos años sin que todavía se conozca cuándo se llevará a cabo, pues se sigue dando trámite a cuanto recurso de carácter dilatorio que presenta la defensa, sin tomar en cuenta que el proceso mismo se inició en el 2000 y no es hasta el 2013 que llega a juicio oral.

El retardo injustificado de justicia es una violación a los derechos humanos y un elemento fundamental de la impunidad en el país.

La Cicig es necesaria para coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los casos críticos en el país que involucran a cuerpos ilegales que infiltran al Estado, y es esta quien ha logrado establecer la investigación de algunos jueces y magistrados vinculados con actividades ilícitas o al crimen organizado.

La importancia del ejemplo que ha sentado la Cicig ha llevado a la comunidad internacional e incluso a los países vecinos a pensar que podría convertirse en un modelo a adoptar por Honduras y El Salvador, con lo cual se obtendría fácilmente apoyo internacional, dado que en los tres países ha crecido el crimen organizado y la violencia.

Se hace difícil pensar que, bajo estas condiciones, el gobierno del general Otto Pérez pueda encontrar justificación para dar por concluido el mandato de la Cicig, cuando hoy se reconoce que es más necesario que nunca.

Debemos recordar que la Cicig, según el acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, tiene el carácter de ser un órgano internacional auspiciado por las Naciones Unidas, y a la vez un órgano interno independiente, ratificado por el Congreso, para la investigación de cuerpos ilegales, en apoyo al Ministerio Público, para que pueda encausar y dirigir los procesos penales correspondientes.

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