En ocasiones se ven manifestaciones —otras, criminales bloqueos— en las que ciertos grupos reclaman derechos como salud, educación, seguridad, justicia y otros. No hay que profundizar mucho para comprender que la implementación de los mismos no es “gratuita” como algunos corean gritonamente, sino que tiene un costo al que es necesario hacer frente, cualquiera que sea el sistema.

Los impuestos indirectos, como el IVA, son pagados por todos los consumidores, observándose aquel principio de “quien más consume más paga”. Sin embargo, contrasta con lo anterior que en el país apenas hay 1,5 millones de contribuyentes activos. Entre 4 y 5 millones de ciudadanos están en la economía informal —o desempleados— y la SAT (2014) nada sabe de ellos, ni espera que se afilien en el corto plazo. Es decir, 1,5 millones de personas cargamos sobre nuestros hombros una responsabilidad mayor que otros que han decidido voluntariamente no colaborar con las cargas fiscales que el gobierno impone. Algunos, posiblemente, porque carecen de trabajo, pero otros simplemente no quieren y se aíslan de esa vida en común y en sociedad que exige cumplir con ciertos deberes. Es preciso, por tanto, ampliar la base recaudatoria y que todos asumamos idénticas —o similares— responsabilidades que nos habiliten posteriormente para reclamar derechos.

Sería muy positivo, y aquí la propuesta, que en lugar de exigir el DPI para votar, se solicitará el NIT, o incluso que se fusionaran ambos documentos en uno solo. Quien no esté de alta en la SAT, simplemente no podría votar porque no muestra su corresponsabilidad con el resto de conciudadanos. No significa eso que quien esté censado fiscalmente, tenga necesariamente que pagar impuestos. Puede estar de alta y desempleado o percibir una remuneración tan baja que no llegue al límite inferior establecido para pagar (si así se decide), pero está “de alta” y figura como ciudadano con deberes, aunque momentáneamente no pueda hacer frente a ellos.

Debería ser obligatorio que todo ciudadano que solicite un servicio público (cualquiera que sea): asistencia en el seguro social, educación pública, ingreso a la universidad, créditos estatales, fertilizantes, becas, papeles varios, etc., presente su puesta al día con el sistema (SAT) que surte los fondos de los que piensa beneficiarse. A la fecha no es así y algunos reclamantes de derechos se han olvidado de que junto a aquellos están las responsabilidades y que los ciudadanos que incumplen sus deberes no son moralmente aptos para beneficiarse de prebendas financiadas por unos pocos responsables.

Esta reforma (votar con el NIT en lugar del DPI) podría incluirse fácilmente en cualquier cambio que se piense hacer en normas vigentes y de esa forma conseguir ampliar la base tributaria con quienes han decidido voluntariamente exonerarse de responsabilidades fiscales y hacer que seamos otros quienes corramos con el gasto de los servicios que frecuentemente reclaman “como derechos inalienables” del ser humano. Se trata de no circunscribir el voto exclusivamente a la nacionalidad, sino a la responsabilidad (argumento también útil para analizar el voto en el extranjero), aunque no de establecer una plutocracia que posiblemente algunos presentarían y desprestigiarían con amañados y tradicionales argumentos sobre los pobres y las cargas fiscales. Seguramente esta propuesta no gustará a quienes pretenden seguir beneficiándose de un sistema cooptado por una oclocracia solícita, y apelarán a la emoción irracional o la presión habitual. ¡Nada nuevo!

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