Legislar es de las tareas más complejas de todo Estado democrático, quienes elaboran leyes que regulan la vida de los países lo hacen, o debieran hacerlo, en representación de quienes los eligieron para esto, lo que implica un nivel de honestidad en la representación de los intereses del pueblo y la búsqueda del bien común; sin embargo, no siempre encontramos esto en algunos parlamentarios que más bien se dedican a defender intereses personales o partidarios.

Hoy la democracia guatemalteca se encuentra en un serio momento de transición, el pueblo de Guatemala dio un gran salto en su conciencia y entendimiento sobre el papel del ejercicio de su ciudadanía y su derecho de transparentar y cuestionar la gestión de los funcionarios públicos. En esta coyuntura la indignación ante la corrupción desmedida de los funcionarios actuales nos hace pensar con ilusión en la posibilidad de lograr algunos cambios fundamentales para el país que debieran empezar por la democratización y la transparencia del sistema político para lo cual urge reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

A estos cambios se oponen, por supuesto, algunos de los actuales diputados que prefieren mantener el statu quo que por años les ha beneficiado políticamente y encubierto sus influencias y negocios. En este esfuerzo felicitamos la iniciativa del TSE, que utilizando su derecho de iniciativa de ley ha logrado eficientemente reunir las necesidades y demandas del pueblo de Guatemala y sus diferentes propuestas para consolidar un solo proyecto de ley que nos representa a todos y que plantea correctamente las transformaciones necesarias y que, además, se ajusta correctamente con los estándares internacionales en el cumplimiento de los derechos civiles y políticos y a los principios reconocidos como necesarios para la consolidación del sistema democrático. Lo más importante es que este proyecto de ley ha logrado reunir y plasmar la voluntad de las y los guatemaltecos que no puede ser ignorada por los legisladores ni descalificada por nadie. Urgen los pronunciamientos de apoyo a esta iniciativa desde todos los sectores de la población para que no quede ninguna duda sobre la voluntad popular.

Cabe resaltar que esta iniciativa representa el reconocimiento debido a los derechos civiles y políticos de las mujeres, no solo en el tema de las cuotas, sino en general ratifica la importancia de su participación política en todos los niveles de toma de decisión.

Si ya existe una excelente iniciativa de ley que responde a la voluntad popular, quien se oponga es porque tiene intereses de seguirse aprovechando del poder político y seguir negociando bajo la sombra de la impunidad.

Este período electoral se convierte en la ocasión histórica para exigir al Congreso la aprobación de la LEPP, o será el mismo Congreso quien asuma las consecuencias de la ingobernabilidad en el país, porque si se llega a elecciones sin reforma, gane quien gane, entra sin legitimidad y, peor aún, con un sistema político totalmente desprestigiado y despreciado por la población.