¿Cuántos de ustedes, estimados lectores, viven en un condominio o en una colonia con calles cerradas y garita? El enclaustro de los espacios habitacionales se ha vuelto la manera de vivir en una buena parte del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Ciertamente, ha sido una forma de respuesta ante tanta inseguridad y violencia, y una consecuencia de haber impedido, décadas atrás, que el Estado se consolidara como el garante efectivo de la seguridad ciudadana de toda la población, tal como ocurrió con la salud y la educación. A la par, y como resultado, florece el lucrativo negocio de las empresas de seguridad privada y uno de sus nichos de mercado son los condominios y colonias.

Hay condominios para todo el espectro socioeconómico: la clase media urbana —media baja, medio media o media alta— suele preferirlos. Ya no es raro tampoco encontrar colonias populares y barrios tradicionales que implementan medidas similares. Igualmente, se ha extendido a las ciudades intermedias de todo el país. A fin de cuentas, la inseguridad es un riesgo compartido, aun y cuando sus efectos no se distribuyan equitativamente.

Las inmobiliarias aprovechan nuestro legítimo deseo de resguardarnos para incluir la seguridad entre sus estrategias de mercadeo de los complejos habitacionales. Junto con la casa, se vende la idea de que en esos condominios viviremos “seguros”, con “orden” y alejados de todo tormento que aflija al resto de la urbe, porque se contará con una de estas empresas para resguardarnos. Claro, al pago de impuestos y de la hipoteca debemos agregar un egreso adicional para pagarles a estas empresas. No está demás decir que este lucrativo mercado mueve cientos de millones de quetzales anuales.

¿Pero usted, qué recibe a cambio? Generalmente, un “guardia”/portero uniformado, que gana el sueldo mínimo o menos, con escaso entrenamiento, mal comido y mal dormido, y unos rondines en similares condiciones que circulan por las calles internas del condominio o colonia, haciéndose ver aquí y allá cada cierto tiempo. La oferta puede ser más amplia: tecnología, patrullajes, guardaespaldas. La suma de elementos va haciendo el gasto cada vez más oneroso y, por ende, menos accesible a la mayoría.

Estos esquemas no parten de la creación de espacios seguros, ni enfocan el riesgo como algo colectivo y que, por tanto, requiere de una activa organización de los propios vecinos y un actuar colaborativo de las empresas con el Mingob, en el marco de una política integral de seguridad ciudadana; más bien, se basan en la transferencia del riesgo individual —de una casa, condominio o familia— a un tercero más vulnerable.

Sin embargo, basta un incidente para ver que este modelo de “protección” es de alcance limitado. Además, las consecuencias de su fallo no se circunscriben al afectado directo; repercuten en toda la comunidad, nos quitan el sueño y la confianza.

Además, a la hora de una eventualidad, estas empresas que se vendieron como adalid de la seguridad, rapidito se amparan en lo mismo que utilizaron de argumento para convencerle a usted de que era importante contratar sus servicios: que las condiciones del país son tales, que poco se puede hacer para evitar que ocurran robos y otras fechorías en los condominios que ellos “resguardan”.

¿Y entonces? Por si fuera poco, buscan eludir hasta la más mínima responsabilidad legal y pecuniaria por ofertar algo que no pueden cumplir, pero por lo cual sí que le cobran a usted.

¿Publicidad engañosa? ¿Estafa? ¿O esto, pero a la vez, algo mucho más complejo? Continuará…