Le hemos dado mil vueltas al asunto, pero es que el pueblo está activado cívicamente y no se conforma con volver a sentarse en las graderías para ver el show con las prima donas de siempre.

Hay un sentir que nace del más claro precepto constitucional: el derecho a disentir. El derecho a la resistencia. Pero hay resistencias de resistencias. Las hay baladíes y manipuladas, las de colores y matices simbólicos, las hay por intereses económicos. Esas no son legítimas. Legítimas son las que tienen un amplio espectro de beneficio común. El summum bonum o el bien supremo expresado en aquella frase de Santo Tomás de Aquino que le da preeminencia al bien común sobre el bien individual.

Los servicios de inteligencia del presidente Pérez Molina están bien enterados de que después de la última concentración están comenzando a gestarse una serie de movimientos radicales organizados por Codeca —la que se roba la energía eléctrica utilizando operativamente a Casa—, acción que le ha venido redituando alrededor de Q120 millones anuales. Es decir, tienen los fondos para llevar a cabo movilizaciones y tomas masivas en todo el país. La concentración será el próximo 20 de mayo.

Y la coyuntura les viene de maravilla, pues al montarse a bordo de la ola cívica potencian su poder de convocatoria y abiertamente exponen su agenda, que es demandar la suspensión de las elecciones con una serie de demandas adjuntas de evidente rompimiento constitucional y de intereses espurios.

Coincido con algunos analistas en que los partidos políticos, con raras excepciones, ya no representan los intereses de sus miembros sino sirven de fachada para llevar a cabo la agenda de una pequeña élite cuyo principal objetivo es manipular el poder político para su propio beneficio e interés, dejando de lado un plan de gobierno que prioriza los objetivos estratégicos del desarrollo.

El presidente ya no tiene capital político y él sabe que si no renuncia, la presión tornará las concentraciones en un ambiente de ingobernabilidad, algo que no es de beneficio común, ni tampoco para él mismo, pues las intervenciones por la fuerza pública solo debilitarán aún más su posición.

Su renuncia tendría dos efectos: permitiría un desfogue de la creciente presión cívica, bajando la tensión al permitir en el corto plazo la atención de las demandas cívicas aún latentes para una reforma del Estado, especialmente aquellas leyes que son de vital importancia para cambiar los incentivos perversos que nos tienen como estamos.

Los candidatos punteros están perfectamente enterados de que si no ceden a la presión cívica ordenándoles a sus bancadas que aprueben las leyes anticorrupción, “Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Partidos Políticos”, su propia participación está en peligro. Es una lástima que lleguemos a este momento, pero no hay alternativa que permita un borrón y cuenta nueva. No existe, no puede darse.

El pueblo tampoco está dispuesto a ceder si no ve cambios sustanciales. La renuncia es una de ellas.

Cierro citando el Editorial de elPeriódico del día de ayer:

“En nuestra opinión, el Artículo 21, literal g) del párrafo cuarto, de la LEPP, que es una norma especialísima que prevalece sobre cualquier otra, concede al TSE la autoridad suficiente para imponer, a título de sanción administrativa, que lo gastado en propaganda anticipada se abone al límite máximo autorizado de gastos de campaña, a no inscribir como candidatos a aquellos que no cesaron en su actividad propagandística, a pesar de las prevenciones del TSE; y, asimismo, para cancelar los partidos que hubiesen violado el techo máximo de gasto en propaganda, a través del dinero gastado antes y después de la convocatoria a elecciones. La población espera que el TSE simplemente aplique la ley, sin excepciones. ¡Dura lex, sed lex!”.

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