Para entender lo que está pasando hoy en nuestro país, hay que entender cómo esta realidad fue construida y condicionada desde hace muchos años por la alianza oligárquica-militar-eclesial. Solo hemos tenido en la historia política de Guatemala 10 años de más o menos democracia (1944-1954), y cuando este momento estaba dando frutos, por la intromisión de Estados Unidos, apoyados por serviles militares, oligarcas y eclesiásticos, todo se viene para abajo y es cuando comienza a consolidarse lo que ahora podemos llamar el Estado narco-criminal-militar-contrainsurgente y corrupto.

Para fortalecer este modelo de Estado narco-criminal-militar-contrainsurgente y corrupto se tuvo que construir un modelo democrático burgués-controlado y sin la participación amplia y abierta para las mayorías, pero ampliando los canales de saqueo de una minoría criolla que desde 1821 ha hecho de las suyas para acumular riquezas, solo basta ver de qué familias son quienes dirigen las principales carteras del Estado.

Estos siempre se han cuidado las espaldas para no darse a conocer tal como son, algo así como el chupacabras. Infundiendo miedo, para crear una población que percibe como natural lo que está pasando. Por eso todos vemos como natural que cualquier funcionario, al terminar su período, salga con muchos bienes: “este robo menos que el otro”, convirtiéndose el más ladrón o corrupto en el modelo a seguir.

El desmantelamiento de la estructura La Línea nos muestra que seguimos saturados de corruptos y ladrones y siempre capturando a los peones, pero no al rey y la reina. Una estructura operativa recibe órdenes desde más arriba y tiene que ser alguien que está en la estructura alta de esta administración y que tiene vínculos con la oligarquía-militar tradicional.

Mucho más en el fondo son grupos corporativos que han mantenido sus negocios, ocupando puestos altos dentro de la estructura del Estado. Esto lo vivimos cuando en los años de 1970 se repartieron lo que ahora es la franja transversal del norte, la Sierra de las Minas, dirigir los supuestos planes de reconstrucción desde el terremoto de 1976, la venta de Guatel y otros activos del Estado, la aprobación de licencias de exploración y explotación minera, licencias de hidroeléctricas, siembra de palma africana y de pino. Así como la obtención de recursos para sus ONG o fundaciones para financiar programas de salud o de otra índole. ¿Era casual entonces la aprobación de la Fundación contra el Terrorismo Mediático?

No es la renuncia del presidente o de la vice la última o única solución, aunque merecido lo tienen, por ser igual de corruptos. Porque la oligarquía, los militares y los cachurecos tradicionales seguirán enquistados dentro del Estado y seguirá la corrupción, aunque estén rasgándose las vestiduras. Ningún empresario fue nombrado como beneficiario del contrabando, ¿y por qué no? Mejor unámonos para desmontar este modelo.