La paranoia empieza desde que se sale de la casa. Muchos, primero, echan una mirada por la ventana o una rendija para ver si hay algún sospechoso. Si todo se supone normal, se sale. Si hay algo fuera de lo común, se opta por esperar unos minutos, siempre ante el apuro del reloj.

Luego, el miedo que supone subir a un bus. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, a diario ocurren 20 atracos a mano armada, la mayoría de casos en el sistema de transporte urbano de la capital.

Eso —la violencia— se confirma con las estadísticas dadas a conocer de forma reciente por el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, redactado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este indica que el 55.91 por ciento de guatemaltecos víctimas de robo ha denunciado uso de violencia en el acto, mientras que solo el 27.16 por ciento indica no haber sufrido agresión física. El 16.93 por ciento restante ha denunciado otro tipo de delitos.

En ese apartado, Guatemala se encuentra solo por debajo de Honduras y Venezuela, con porcentajes de violencia del 66.68 y 64.83, respectivamente.

“En el país se le da más importancia al enfoque de inseguridad que al de prevención por medio de temas relacionados con políticas sociales como educación, salud, trabajo y recreación”, señala Mario Ávalos, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Debido al clima de inseguridad resulta tan difícil salir con el teléfono celular a la vista. No se puede redactar un mensaje. Ni escuchar música. Ni hacer una llamada. Y menos si se trata de un móvil moderno. “¿¡Y por qué no!?”, se pregunta la psiquiatra Elena González, en forma de protesta. “Lo que tenemos, bueno o malo, lo hemos adquirido con esfuerzo y no debería dar miedo llevarlo a donde fuera”, agrega.

En los primeros siete meses de este año, la Base de Teléfonos Robados registró el robo de 73 mil 500 aparatos, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Eso quiere decir que, en promedio, cada mes se robaron 10 mil 500 aparatos, que es lo mismo a 350 diarios, 15 por hora o uno cada cuatro minutos.

Ricardo Flores, experto en temas de telecomunicaciones, refiere que el robo de los aparatos continuará pese a la reciente aprobación, por el Congreso, de una Ley que castiga con severas penas el robo, comercialización, conspiración y activación de esas terminales. “El tema hay que abordarlo a nivel regional. Se debe de unificar con todos los países centroamericanos una misma normativa de regulación antirrobo”, señala.

Flores explica que, ahora, los robos en el país podrían ser con fines de exportación ilegal, y comercializarlos en Honduras, Nicaragua, Costa Rica hasta Panamá, donde no existe una regulación.

En el caso de El Salvador, hay una normativa que regula la activación de las terminales y obliga a los propietarios de los teléfonos a registrarse en una base de datos.

El robo de celulares, incluso, influyó para que surgieran cambios en el Reglamento de la Ley de Tránsito. La norma, que entró en vigor el 15 de octubre último, indica que los motoristas deben usar casco y chaleco anaranjado, ambos debidamente numerados. Prohíbe, además, circular de forma zigzagueante entre los carriles, conducir sobre las banquetas o permanecer al lado de los automóviles durante un semáforo en rojo.

El periodista Juan Carlos Lemus, en su columna La era del Fauno, de Prensa Libre, escribe: “Con esa medida, los ladrones no dejarán de serlo. Es posible que disminuyan las motomatanzas, pero se incrementarán en otros espacios porque solo se le están colocando unas piedras al río desbordado (…) Las personas que se transportan en moto sufren cada vez más las consecuencias de un país perdido. Conductores hay que les echan el carro encima, y eso que probablemente más criminales andan en carro que en moto”.

Hasta ahora, pocos cumplen la ley. Incluso, han aparecido fotografías de presuntos asaltantes que, “uniformados” y armados, cometen sus fechorías.

Ola de crímenes

“La violencia causa trastornos mentales”, refiere Marco Antonio Garavito, director de la Liga Nacional de Higiene Mental. “La población tiene una percepción de inseguridad, lo cual incide en un manifiesto estado de estrés, miedo, depresión y confusión; eso altera el sistema nervioso”, asegura.

De esa cuenta, los guatemaltecos tienden a volver la vista hacia atrás cuando caminan por la calle para cerciorarse de que nadie los persigue. Más aún si están afuera después de las 8 o 9 de la noche e, incluso, luego de las 6 de la tarde en las zonas rojas.

“Temer estar afuera no debería ser normal”, insiste González. Ni eso, ni bocinar con el miedo de que el aludido saque su arma y la accione.

“No debería ser normal, por ejemplo, que los niños estén expuestos a tanta violencia diaria. Ni que la gente vea cómo alguien termina de sangrar, tendido en la calle, luego de haber sido atacado. Eso crea más violencia e insensibilidad”, refiere González.

En Guatemala, el 70 por ciento de los homicidios se comete con arma de fuego. Solo entre enero y julio último, hubo dos mil 185 casos. En ese mismo período, la PNC solo capturó a cien personas vinculadas con ese tipo de crímenes.

Un reporte de la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) indica que en el país hay medio millón de armas registradas, pero esa cifra se queda corta contrastada con las 800 mil o 900 mil que son usadas de forma ilegal, según cálculos del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible.

Una encuesta de la empresa ProDatos, elaborada en el 2011 para Prensa Libre, indica que los guatemaltecos perciben que sus defectos son su actitud violenta (29 por ciento) y su conformismo (14 por ciento). En tanto, entre los aspectos positivos sobresalen su impresión por ser trabajadores (32 por ciento) y su espíritu por salir adelante (18 por ciento).

Más casos

Tampoco debería ser normal que las más de 80 mil tiendas del país estén, casi en su mayoría, protegidas por barrotes. “Los honrados estamos atrás de las rejas; los delincuentes están afuera”, se lamenta Teresa Son, quien tiene su negocio en la zona 2 capitalina.

De hecho, las extorsiones agobian a gran parte de la población. Las autoridades reciben a diario alrededor de 200 denuncias de este tipo, pero existe un enorme subregistro. “Este delito está vinculado con las pandillas. Han visto —los pandilleros— que a la gente común es fácil intimidarla, y la obligan a pagar”, explica Mario Bossos, criminalista y asesor de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones.

Esto lleva a otro asunto: la falta de capacidad del Estado para impartir justicia. El documento del PNUD refiere que menos del 13 por ciento de guatemaltecos confía en el sistema de justicia, mientras que casi el 55 por ciento tiene poca o nada de credibilidad en ese aspecto.

Incide, además, en la mala percepción que se tiene de la PNC: poco más del 60 por ciento de los encuestados considera que los agentes de esa institución están involucrados en la delincuencia.

Eso, aunado a que las fuerzas de seguridad son insuficientes para las necesidades del país —solo hay 156 policías por cada cien mil habitantes— ha hecho que surja el negocio de las empresas de seguridad privada. Hasta ahora existen alrededor de 140 que proveen 46 mil guardias —306 por cada cien mil habitantes—, quienes carecen de suficiente capacitación para desempeñar esa labor.

Aún así, hoy existen numerosas colonias cerradas, con garita de acceso y talanquera. “Eso, simplemente, es vivir con una falsa sensación de seguridad”, dice Garavito.

Psicosis

Debido a los actos de violencia con escasa reacción de justicia, los guatemaltecos han perdido la confianza en las instituciones públicas y en el prójimo. Siente, además, inseguridad y miedo, lo cual crea individualismo y desinterés, señala Garavito.

“Debe existir un esfuerzo por recuperar la comunicación sana entre todos, porque actualmente existe una actitud agresiva”, refiere González.

¿La solución? Es una combinación de varios factores. Entre los psicosociales, que el Estado garantice seguridad y justicia. De ahí, refiere González, que la población busque ayuda psicológica, más aún si ha sufrido algún ataque. “No debería ser normal salir a la calle con miedo a ser asaltado, ni ver tantos muertos por homicidio”, comenta.

Por eso mismo, los expertos proponen que el Estado haga accesibles centros de salud mental para toda la población.

“Para que acabe esto se deberán esperar muchos años, en cuanto se diluya la impunidad y cuando la población tenga más educación y oportunidades”, señala Garavito.