Esta semana se reúne en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas para aprobar lo que se ha denominado “la nueva agenda de desarrollo global”. No está de más resaltar que no es una agenda “de la ONU”; se ha construido en un proceso que tomó casi tres años e involucró a autoridades de gobiernos, sociedad civil y empresa privada (con distintos alcances a nivel mundial, nacional y local), así como a otros actores del desarrollo. Además, a pesar de no ser un tratado vinculante, se convierte en una agenda de los países, en la medida que son los jefes de Estado quienes se comprometen a cumplirla.

Son 17 los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y se materializan en ciento y pico de metas a alcanzar en un lapso de ¡15 años (2030)! Se supone que su logro deberá generar no solo mayor bienestar global, sino una “armonización” de las sociedades —sus modos de vida y sus economías— con la naturaleza, que aseguraría de mejor manera la sostenibilidad de la vida humana en el planeta.

Guatemala es uno de los Estados que llegará a tan importante cónclave sin haber logrado alcanzar la mayor parte de metas de Desarrollo del Milenio (las que se establecieron en el año 2000); peor aún, que documenta retrocesos significativos en algunos de los indicadores y que carece de fuentes de información actualizada y confiable —entre ellas un Censo de Población— a partir de las cuales se pueda contar con cifras confiables para monitorear lo que ocurre con el actuar de la sociedad en estos temas.

Más grave aún, es un Estado que se presentará ante la comunidad internacional sin haber rendido primero cuentas ante sus ciudadanos respecto a una de sus finalidades más importantes. ¿Cómo, si no hay datos actualizados de casi nada?

¿Es de esta manera que queremos comenzar esta nueva cuenta global sobre desarrollo? ¿Por un lado, ocultando el fracaso previo bajo de la alfombra y por el otro, haciendo “borrón y cuenta nueva”, sin saber cómo quedamos con los ODM?

En 15 años no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un conjunto mínimo de medidas económicas, políticas y sociales que permitan erradicar el hambre, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la enfermedad y la ignorancia. Los ODS —como antes los ODM y los Acuerdos de Paz— nos señalan qué hay que lograr, mas no nos dicen cómo. Esa discusión la dejan para que en cada país se ponga de acuerdo a lo interno sobre cómo lograr dicho cometido. No perdamos el tiempo esta vez. Evitemos cometer los mismos errores que se hicieron antes. No es posible cubrir todos los aspectos que entraña en una columna, pero algunas cosas básicas debería empujar este gobierno de transición:

En primer lugar, no hay que caer en el discurso que estas “son cosas de la ONU”. Podemos también ahorrarnos la discusión sobre los “qué” y enfocarnos más bien en definir prioridades. ¿Si no pudimos con 8, podremos con 17 Objetivos, arrancando además en condiciones de mayor precariedad institucional que las que teníamos en el año 2000?

Tercero, mucha polémica innecesaria se podría acortar si nos basamos en hechos, datos y evidencias y no en elucubraciones. Para ello, es indispensable contar ¡ya! con un sistema estadístico revitalizado y hacer finalmente el nuevo Censo de Población. ¡Ya no hay excusas!

¿Qué no hay recursos? Los candidatos deben comprometerse a tomar esta medida de inmediato; el actual Congreso debe reasignar 200 millones de quetzales del presupuesto del 2016 para esta finalidad. Será más útil ese dinero empleado para el Censo que en la Secretaría de Comunicación Social.