La semana pasada fui invitada por la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos, a participar en un evento donde se discutieron los retos que persisten en los tres países que conforman el “Triángulo Norte”, para que el estado de Derecho tenga vigencia y apuntale realmente el desarrollo regional.

El concepto de “estado de Derecho” refiere en esencia a la “reglas” que ordenan la sociedad, la interacción entre el Estado y la ciudadanía y entre conciudadanos; incluye además al sistema institucional responsable de su puesta en vigor. Normalmente, la atención se centra en la manera en que el marco legal es aplicado o no y si su administración es oportuna, eficiente y eficaz. Los países del “Triángulo Norte” se distinguen por su enorme acervo legislativo; muchas de estas leyes son tomadas inclusive como ejemplo de legislación de avanzada en Latinoamérica. El problema es que no se aplican; o bien, se hace con tales deficiencias o con dolo, que terminan beneficiando algún interés particular por sobre el bien común.

Los procesos que se siguen a varias juezas y jueces ilustran esta situación; también, y de manera más descarnada, el desastre de El Cambray II, donde tanto la municipalidad de Santa Catarina Pinula como las empresas que lotificaron el lecho del río y el barranco, evidentemente ignoraron lo que ya establece la legislación nacional y el código municipal para el efecto, provocando con ello que cerca de 200 familias perdieran a sus familiares y su patrimonio.

Hay otras dimensiones que son menos discutidas sobre el “estado de Derecho”. Por razones de espacio señalo solo una de ellas: la necesidad de que el “estado de Derecho” deje ya de ser la cobija de la estructura de privilegios que caracteriza “el orden” en las sociedades centroamericanas y que beneficia en particular a pequeñas élites que quedan facultadas para concentrar bienes, recursos y acceso privilegiado al poder frente a otros conciudadanos.

Algunos ejemplos de cómo el “estado de Derecho” se convierte en un “traje a la medida” para ciertos sectores: Ley de Telecomunicaciones; una iniciativa de ley de ordenamiento territorial engavetada hace cinco años; una ley de vivienda que en realidad es una ley de subsidios, administrados por las empresas constructoras, no por los beneficiarios; la LEPP que quieren aprobar los diputados, que escasamente refleja lo que la ciudadanía quiere para el sistema político; la carencia de tribunales agrarios en países saturados de conflictos sobre la propiedad de la tierra. No digamos los enormes vacíos en temas de derecho ambiental y regulación sobre recursos naturales.

Si el Congreso fuera realmente un espacio de representación ciudadana, parte de este problema estaría resuelto. Pero mientras los diputados respondan a sus intereses o a los de sus carteles, esto difícilmente ocurrirá.

Ahora que la nueva Agenda de Desarrollo Global para el año 2030 ha dado preponderancia al estado de Derecho como un instrumento esencial para lograr las metas propuestas, vale la pena recordar que el economista Amartya Sen ha planteado que el “estado de Derecho” comienza con la posibilidad de que los individuos y las comunidades participen activamente en la definición de lo que es justo para una sociedad.

Mejorar la aplicación de las leyes y fortalecer la institucionalidad es importante, pero no alcanza en sociedades con desigualdades estructurales tan profundas.

Toca democratizar el “estado de Derecho” y que las oportunidades se abran realmente para todos de manera sostenible.