Esta consulta incluía siete preguntas, a cada una de las cuales los colombianos podían responder “sí” o “no”.
Entre las cuestiones sobre las que se pronunciaron estaban temas como la reducción del sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganen el equivalente más de 25 salarios mínimos legales vigentes.
También la posibilidad de endurecer las penas para los corruptos, así como prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado.
El “sí” cosechó más del 99 % en las siete preguntas, con un mínimo de 99,03 % en la séptima pregunta, que proponía poner un límite de tres periodos para ser electo en una misma corporación popular y un máximo del 99,60 % en la quinta.
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Esa quinta pregunta proponía “obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos”.
¿Qué proponía?
La consulta anticorrupción contenía siete mandatos que van desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa de condenados, así como el embargo de sus bienes.
Un congresista recibe actualmente el equivalente a US$10 mil por mes y la rebaja sería del 37%.
La iniciativa también restringía el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obliga a los parlamentarios a transparentar sus actuaciones.
Ahora estos cargos “tienen reelección indefinida, no rinden cuentas, tienen el monopolio del manejo del presupuesto público sin ningún tipo de audiencia pública con la ciudadanía”.
En caso de haber sido aprobada, la consulta también prohibía que una empresa condenada “vuelva a contratar con el Estado”.
Los cálculos “más conservadores” estiman que Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año (casi US$3 mil millones), según el estudio de la Universidad Externado.
En el Índice de Percepción de la Corrupción – que publica cada año la ONG Transparencia Internacional -, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, siendo el primero el más limpio. En el último año y medio la fiscalía ha procesado a unas 2 mil 200 personas por casos de corrupción en gobiernos locales.
También se buscaba impedir “que los recursos públicos se gasten (…) mediante acuerdos ocultos entre gobiernos y congresistas, a los que se les otorga el derecho ilegal de decidir el gasto público (…) en asocio con alcaldes que deben pagarles con votos”.
