Guatemala, según el Informe Mundial de Riesgos del 2018, que mide “la exposición de un país a los riesgos naturales y su vulnerabilidad social”, es el séptimo país a nivel mundial con mayor riesgo a sufrir desastres naturales, solo superados en su orden por Papúa Nueva Guinea, Guyana, Islas Salomón, Filipinas, Tonga, Vanuatu. A excepción de Guyana, todas son islas, y la mayoría ubicadas en Oceanía. Guatemala es el país con mayor vulnerabilidad de Centroamérica. El índice busca conocer los países con mayor riesgo de sufrir una catástrofe natural extrema y no tener los medios suficientes para responder a ella. El país, como ya lo han expresado especialistas, “es una bomba de tiempo”, por su densidad poblacional, por inadecuada aplicación de las leyes, por sus índices de pobreza extrema, sus accidentes naturales, pero sobre todo por la escasa voluntad política de sus dirigentes y la inadecuada atención a desastres.

Enfrentamos, además, el enorme problema de escasa planificación territorial, cada quién construye donde quiere, sin mayor control; muchos asentamientos se ubican por invasión, por comodidad, sin prever los riesgos que se puedan tener. La deforestación ha sido también una de las causas de la vulnerabilidad, los suelos desprovistos de vegetación boscosa sin una permeabilidad adecuada permiten la escorrentía con las lluvias, que al acumularse por gravedad provocan inundaciones y deslaves de grandes magnitudes como hemos visto en las últimas catástrofes. Según datos del Sistema de Información Forestal de Guatemala, la tasa de deforestación neta ha pasado de -1.5 a -0.5 desde los períodos 2001-2006 al período 2010-2106; sin embargo, la deforestación bruta no ha tenido el mismo ritmo. Además de las empresas que son autorizadas para el aprovechamiento forestal, es considerable la deforestación para producción de leña, que se considera el cáncer de los bosques, pues las comunidades continúan aún con las costumbres ancestrales de utilización de leña para cocinar; sin reponer se estiman 27 millones de metros cúbicos por año. Es también grave la costumbre de tala roza y quema para las siembras de granos básicos. La cobertura forestal del país ha disminuido desde 38.1% en el 2001 a 33% en el 2016, con una cobertura forestal actual de 3.574,244 ha, de las 4.946,604 estimadas en el 2001. Los esfuerzos del Inab y los programas Pinfor, Pinpep y Probosque han contribuido a disminuir los porcentajes de deforestación, pero la deforestación bruta continua y se sitúa en lugares vulnerables, incrementando la problemática.

Mientras hoy a las 10 de la mañana el Instituto Nacional de Bosques (Inab) junto al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) presentan el nuevo Inventario Nacional Forestal, Iota se aproxima amenazante casi repitiendo la trayectoria de ETA que tanto daño hizo al norte y oriente del país. Los habitantes de las comunidades afectadas aún hundidas en el agua, esperan la ayuda, mientras el resto de la población continúa su vida normal, al olvidar casi de inmediato las tragedias de sus coterráneos.

Es urgente que el país planifique para la prevención, y no para actuaciones paliativas como lo ha hecho, pues ocurridas las tragedias, a los pocos días son olvidadas, como lo evidencian puentes que fueron arrastrados durante el Mitch, el Stan y el Ágata que aún no han sido construidos; por ejemplo, el de Lo de Reyes y el Concuá sobre el Motagua. Las noticias parecen ser las mismas todos los años: inundaciones, sequías, erupciones, etc. sin que exista un manejo adecuado de la gestión de desastres. Las leyes deben aplicarse y los habitantes cumplirlas, pero también tomar conciencia de que nuestros actos contribuyen al deterioro ambiental, es inconcebible que construyamos encima de los ríos, que talemos árboles para leña, que arrojemos basura a los acuíferos, etc., pues estos actos son como la espada de Damocles, que pende sobre nuestras cabezas esperando caer sobre nosotros.